Está claro que la pesada herencia de la era kirchnerista es un hecho irrefutable. A pesar de eso, los recientes anuncios de la nueva administración libertaria comenzaron a dar señales que nada tienen que ver con el panorama luminoso que tanto prometieron.

Partiendo de la base de una inflación del 150 por ciento anual, consecuencia de la inoperancia y desidia de Alberto Fernández, es una obviedad que las medidas extremas que se avizoran solo llevarán a la aniquilación progresiva del poder adquisitivo, lo cual derivará en una profundización de la desigualdad social. Los salarios se licúan día a día al ritmo de una feroz remarcación de precios, producto de la desregulación total por parte del Estado. Los primeros efectos se notaron en dos sectores clave: combustibles y alimentos.

Además, la devaluación del cien por ciento y la aplicación arbitraria del libre mercado sobre una economía en estado crítico, sumado a la inminente quita de subsidios al transporte y la energía -y el consecuente impacto inflacionario de la conjunción de estos factores-, lejos de perjudicar a “la casta política”, recaen de lleno en los sectores populares y la clase media y media-baja. No obstante, el incumplimiento de las consignas electorales también alcanzó a la clase media-alta, mediante la restauración del Impuesto a las Ganancias que había dejado sin efecto Sergio Massa, como uno de los “bálsamos” destinados a la captación de votos que finalmente no le alcanzó para tomar el poder. Ahora, parece que la frase pronunciada por Milei hace un par de años, cuando dijo "antes de subir un impuesto, me corto un brazo", se extinguió al grito de “Viva la libertad, carajo”.

En este escenario, que se acerca más al infierno que al cielo prometido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no mencionó política alguna relacionada con los ingresos. En cambio, se limitó a decir que “se ha hecho todo lo que está al alcance”, y agregó que las discusiones salariales son “libres entre partes”. Además, afirmó que se congelarán todos los planes sociales, aunque anunció un incremento de los montos de Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar.

Por si fuera poco, el Enargas ya formalizó la convocatoria para el 8 de enero a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.

En otro orden, tras la noticia de la suba de las retenciones de un 15 por ciento al campo, la mesa de enlace se puso en pie de guerra, echándole en cara al mandatario nacional que el mes pasado afirmaba en plena campaña que "está dentro de nuestro programa avanzar hacia un proceso de eliminación de las retenciones, pero para eso es fundamental volver a abrir el mercado de cambios". Otra mentirita piadosa que se destapó en un santiamén, y este lunes el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con la medida, suavizándola con ribetes menos drásticos. A excepción de la soja, que se llevó la peor parte, con un 33 por ciento.

Mientras el experimento libertario se desarrolla y acrecienta a expensas del sufrimiento de la gente que apostó a un cambio -y también de la que no lo hizo-, el famoso “recorte del Estado” pasa a un segundo plano por irrelevante. Cuando hay hambre, y un padre o madre no puede alimentar a sus hijos, cada ítem del supuesto plan “correctivo” del modelo anterior pasa a ser una condena letal. La excusa de la austeridad fiscal no debe ser un medio para justificar cualquier fin. Estudios privados estiman que a este ritmo, el nivel de pobreza del 2023 en Argentina redondearía el 50 por ciento o más, y para el primer trimestre de 2024 podría alcanzar el 60 por ciento.

Por otro lado, la dolarización, la quita del cepo cambiario y el freno a la emisión monetaria mediante la desaparición del Banco Central, tres de los caballitos de batalla de la campaña mileista, hoy son palabras que se llevó el viento huracanado que trajo el ajuste salvaje que no dudaron en instaurar, a costa del pueblo, pero no a expensas de “la casta”, que está vivita y coleando.

Aunque el 56 por ciento de adeptos que obtuvo la Libertad Avanza confió en que la nueva gestión apagaría la olla a presión que viene acumulando vapor desde hace años, el Presidente optó por subirle el fuego a la hornalla. A partir de esta cruda realidad, la pregunta es cuánto soportarán los argentinos antes de que se produzca un estallido social que no ofrecerá posibilidad de retorno.