“Se da cuenta de una sistematicidad de los actos represivos por parte del Estado y a su vez, eso constituye una responsabilidad internacional del Estado argentino”, manifestó Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Detalles impactantes del informe

El informe recopila más de 320 testimonios de individuos y 114 de comunidades indígenas. Testimonios de violencia, falta de respuestas judiciales y abuso de poder del gobierno provincial se despliegan en 90 páginas. La abogada Katz destaca las supuestas violaciones a los derechos humanos y la “persecución” a la condenada dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, como casos emblemáticos.

Se espera ser considerado como un dictamen independiente de guía. La letrada Katz sugiere que el camino de la causa judicial iniciada por el Estado nacional contra la provincia de Jujuy podría beneficiarse de las conclusiones del informe.

“Lo que diga la comisión hace a una responsabilidad que el Estado debe tomar. En la CSJ se presentó a los efectos que se considere y que tácitamente el poder judicial incorpore a la causa judicial”, afirmó Mariana Katz.

La evaluación de la Corte y su disposición para abordar estas violaciones a los derechos humanos serán fundamentales. La sociedad espera una respuesta contundente y el compromiso de garantizar justicia para las víctimas.

Contexto social y estrés postraumático

El informe profundiza en las consecuencias sociales de la violencia institucional, subrayando el estrés postraumático en aquellos que resistieron la reforma. Katz señala la importancia de comprender la cosmovisión de los pueblos originarios y destaca la necesidad de descolonizar las mentes para una verdadera democracia.

Tras la presentación, el informe se enviará a veedores internacionales según el decreto presidencial. La abogada Katz subraya su potencial utilidad en la causa judicial contra la provincia. Ahora, queda en manos de la nueva gestión evaluar las acciones a tomar.

Nueva denuncia contra Gerardo Morales

En paralelo, la nueva denuncia presentada en la Cámara Federal contra Gerardo Morales plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos. El ex gobernador enfrenta acusaciones de represión y abusos de poder durante la Reforma, y la comunera Aurora Choque, quien apareció en fotografías que recorrieron el mundo en la protesta, destaca la falta de respuestas judiciales.

La situación se complica por la presión ejercida sobre comuneros a través de la justicia contravencional. La denuncia de Choque arroja luz sobre las tácticas utilizadas para silenciar la disidencia y perpetuar la impunidad. La respuesta de la Cámara Federal será un indicador clave de la capacidad del sistema judicial para abordar estas cuestiones.

"Tengo 3 contravencionales que me ha hecho Morales y yo no voy a hacer nada con esas causas que han hecho de gana, yo no he matado, yo no he pedreado, no he hecho nada, solamente he defendido mis derechos por esa reforma", comentó Aurora Choque.

La denuncia de Choque pone de manifiesto la persecución a comuneros, señalando el uso de la justicia contravencional como instrumento político. La falta de respuestas judiciales y la impunidad de Morales son parte de una realidad que las comunidades denuncian, exigiendo justicia y reparación.

Balance de Poder a la espera de la Justicia

La situación en Jujuy plantea cuestionamientos fundamentales sobre la salud de la democracia y el respeto a los derechos humanos. El informe destaca la importancia de descolonizar las mentalidades y reconocer la diversidad de perspectivas, especialmente en el caso de los pueblos originarios.

La democracia no solo reside en el acto de votar, sino en el respeto a los derechos fundamentales y la participación ciudadana. La denuncia de persecución y represión en Jujuy apunta a una necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la protección de los derechos humanos.

A medida que Jujuy enfrenta estos desafíos, la esperanza de cambio recae en la posibilidad de una evaluación justa de las denuncias y en la implementación de medidas concretas. La sociedad espera que las autoridades tomen acciones para corregir las violaciones a los derechos humanos y garantizar la justicia.

Este episodio destaca la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, la diversidad y la protección de los derechos fundamentales. La superación de estos desafíos no solo dependerá de la respuesta oficial, sino también del compromiso continuo de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.