En los últimos 40 años, la concentración poblacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha creado un escenario complejo, convertida en una suerte de agujero negro que todo engulle. Un área que comprende 40 municipios y CABA de 14 mil kilómetros cuadrados, que concentra el 37 por ciento de la población nacional, representa el 48 del PBI nacional. Exporta 35 puntos del total nacional, con un porcentaje de casi 50 del trabajo privado registrado y también del informal.

Además, 70 puntos porcentuales de la producción industrial de la provincia es realizada por el 37 de las empresas del país. El 54 por ciento de la población tiene una vivienda adecuada, el 60,2 de los ocupados tiene el secundario completo. Estos indicadores se reflejan en índices de pobreza e indigencia que se ubica en el 47 y el 12 por ciento, muy por encima del total país. De acuerdo a su superficie y población ocuparíamos el puesto 64 en el mundo. La provincia de Buenos Ayres es una de las regiones más ricas del planeta, no así los bonaerenses.

El AMBA enfrenta desafíos notables, desde la falta de satisfacción de las expectativas de los bonaerenses por parte de los Intendentes hasta la migración de la población joven hacia la ciudad cabecera y, luego al Conurbano. La región surera experimenta despoblación y disminución de la actividad económica, acompañada por una reducción en la inversión en infraestructura. La falta de recursos se traduce en una retirada del Estado en muchos barrios, dejando espacio para la expansión del narcotráfico, que se extiende hacia la región oeste, área frutihortícola crucial.

El gobierno bonaerense sigue manteniendo un régimen centralista, con una gran parte de su legislación proveniente de las diferentes dictaduras militares, donde los municipios carecen de autonomía y los Intendentes enfrentan limitaciones en la toma de decisiones políticas. Los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, muestran deficiencias, contribuyendo a una corrupción elevada y al crecimiento del delito.

Con una informalidad económica del 40 por ciento, los intendentes se ven limitados en sus esfuerzos para abordar esta situación. La actual gestión libertaria, al intentar reducir recursos, podría desfinanciar aún más a la provincia, obligando a los Intendentes a seleccionar a quienes brindarán apoyo económico, lo que a su vez afectará a los barrios y delegaciones comunales, causando el avance del narcotráfico.

El gobierno kirchnerista, en su permisividad, contribuyó a la situación actual. La administración provincial deberá dejar su ideologismo europeísta y solidaridad con la progresía kirchnerista en retirada, teniendo que enfrentar el desafío de equilibrar las finanzas provinciales sin dejar desprotegidos a millones de bonaerenses y frenar la consolidación del narcotráfico en áreas vulnerables. El camino hacia una solución efectiva requiere un abordaje integral, que promueva la autonomía municipal, fortalezca los controles públicos y fomente la participación activa de todos los sectores de la comunidad bonaerense.