13 resultaron detenidas en las últimas horas en el marco de una investigación por los delitos de tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil y acoso en línea, conocido comúnmente como grooming. Entre los detenidos hay un profesor de educación física y una maestra de nivel inicial.

Los arrestos ocurrieron hoy martes en 107 allanamientos simultáneos realizados en domicilios de 62 localidades de las provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe, con la participación de más de 800 efectivos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal.

Los operativos se llevaron adelante a partir del programa Operación Protección de las Infancias II, el cual tiene como principal objetivo desbaratar a las bandas que se dedican a difundir imágenes y videos de prácticas sexuales que incluyen menores.

Específicamente, la investigación de este caso se centró en detectar usuarios que hayan divulgado archivos relacionados con la explotación sexual de niños y adolescentes entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de 2023.

El operativo tuvo un doble comando. Por el MPF de CABA participó el fiscal Tomás Vaccarezza, titular de la Fiscalía 17 del fuero especializada en delitos y contravenciones Informáticas.

En esta fiscalía, se lograron investigar más de 150 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países. Los allanamientos solicitados por el fiscal Vaccarezza fueron otorgados por la jueza Bettina Mobillo.

Por el lado bonaerense, el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Ministerio Público bonaerense, a cargo de Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, encabezó la investigación junto con la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín, a cargo de Fernando Graffigna; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 Descentralizada de Berazategui (del Departamento judicial de Quilmes) especializada en este tipo de delitos que conduce el fiscal Daniel Ichazo; y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 3 del Departamento Judicial Pergamino que dirige Nelson Mastorchio.

Para la detección de los sospechosos fue clave la información proporcionada por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una herramienta utilizada para verificar tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer lo Peer (P2P).

ICACCOPS aportó pistas sobre casos de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, sobre su posible producción y también sobre hechos de grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino. El sistema, además, permitió identificar direcciones de protocolo de Internet (IP) asociadas a usuarios sospechosos.

Así, agentes de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen del área de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA (que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales) fueron tras ellos.

En los allanamientos intervinieron 22 fiscalías y oficinas especializadas. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires, la causa abarcó los siguientes departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana.

Fuentes judiciales indicaron que se contabilizaron 61 niños ocupando los domicilios inspeccionados. Ahora se investigará si fueron víctimas.

La Operación Protección de las Infancias I se desarrolló en junio pasado y tuvo como resultado la detención de 18 hombres de entre 18 y 82 años en 99 domicilios de 71 localidades bonaerenses.

En esos operativos, además, se secuestraron más de 600 dispositivos de almacenamiento, más de 230 celulares y cinco armas de fuego.

El caso del Colegio Marianista de Caballito

Fernando Enrique Picciochi es un exreligioso y docente del Colegio Marianista de Caballito, que abusó sexualmente de dos alumnos de 13 años, Sebastián Cuattromo y Fernando, en 1989 y 1990. Picciochi fue condenado a 12 años de prisión por el delito de corrupción de menores calificada y reiterada, en un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2016.

Los abusos sexuales perpetrados en el tradicional colegio del barrio porteño de Caballito salieron a la luz después de más de 20 años, gracias al testimonio de una de las víctimas, Sebastián Cuattromo, que pudo romper el silencio y denunciar al agresor.

Los abusos ocurrieron en 1989 y 1990, cuando Picciochi se desempeñaba como docente y catequista en el colegio. Según la denuncia, el exreligioso abusó de dos alumnos de 13 años, aprovechando su posición de autoridad y confianza. Los abusos se produjeron durante un campamento de fin de curso y también en la sede del colegio, en rincones oscuros y aislados.

Cuattromo declaró ante la Justicia que los abusos le provocaron un profundo trauma y que recién pudo hablar de lo sucedido diez años después, cuando se animó a hacer la denuncia en sede penal. Luego, se sumaron otras víctimas que también habían sufrido los abusos de Picciochi. El proceso judicial fue largo y difícil, pero finalmente logró que se hiciera justicia y que se reconociera el daño causado.

El caso del Colegio Marianista es uno de los tantos que evidencian la problemática de los abusos sexuales a niños y adolescentes en instituciones educativas y religiosas, que muchas veces quedan impunes o silenciados. Por eso, es importante que las víctimas puedan contar con el apoyo y la contención necesarios para poder denunciar y sanar sus heridas.