El informe destaca que líderes evangélicos identificados como afines al gobierno sandinista han evitado criticar la represión policial de las protestas de 2018. Mientras tanto, varios obispos católicos han cuestionado abiertamente al gobierno, y uno de ellos, monseñor Rolando Álvarez, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de 26 años por "traición a la patria".

Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos, describió la situación en Nicaragua como una persecución más silenciosa hacia los evangélicos, donde parte del liderazgo aún respalda al gobierno y otros evitan denunciar la situación por temor a represalias. Según Flores, el gobierno ha cerrado gradualmente estas asociaciones evangélicas, revocando sus permisos para operar legalmente y recibir fondos del exterior. La mayoría de los cierres, 183 en total, ocurrieron en 2022.

A pesar de los cierres, la actividad religiosa de estos grupos persiste, y se llevan a cabo cultos en diversas ciudades del país. Sin embargo, tanto las asociaciones evangélicas como otras ONG han experimentado la confiscación de propiedades y el cierre de cuentas bancarias, acciones que también afectaron a las 3,552 ONG de distintos tipos disueltas en todo el país.

Aunque la población nicaragüense es mayoritariamente creyente, con un 45% identificándose como católicos y otro 45% como evangélicos o protestantes, la represión gubernamental ha dejado una marca significativa en la libertad religiosa en el país. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más informa que entre 2019 y 2023, la Iglesia católica sufrió 1,200 casos de agresiones, con la expulsión de monjas y sacerdotes, así como el encarcelamiento de 12 religiosos con condenas de 8 a 30 años, incluyendo al obispo Álvarez, quien permanece detenido.