El mercado inmobiliario es, sin lugar a dudas, uno de los tres epicentros de concentración de la dinámica económica de nuestro país, por la cantidad de rubros y gremios que involucra y además porque hay un público potencial de demanda de más de doce millones de argentinos, entre inversores y/o familias que desean adquirir su primer hogar y que están esperando ansiosos que se levante la bandera de largada para reactivar este sector, luego de seis años de una crisis habitacional nacional profunda.

Si este nuevo gobierno logra ordenar la macroeconomía como se lo ha propuesto, bajar la inflación, liberar el cepo al dólar y en consecuencia, generar que los bancos otorguen créditos hipotecarios para la compra, venta, refacción o ampliación de inmuebles, destinados a este grupo masivo de ciudadanos argentinos ávidos de entrar a este mercado, es muy posible que nos encontremos en un plazo de dos años con un crecimiento exponencial del mercado de bienes raíces.

Ahora bien, para que ello ocurra hay variables que exigen una profesionalización de cada uno de los eslabones de comercialización de inmuebles. En esta cadena de profesiones vinculadas, encontramos a los corredores inmobiliarios o como comúnmente se les llama martilleros públicos que son los intermediarios entre compradores y vendedores.

Los corredores inmobiliarios argentinos desde hace muchos años están pugnando por tener un mercado mucho más dinámico, profesionalizado, con herramientas digitales para redes inmobiliarias y de atención y servicio al cliente, con instrumentos de comunicación y marketing para redes sociales y portales inmobiliarios aggiornados al boom tecnológico que explotó durante la pandemia del Covid-19.

En la otra mano, desde 2018 se encontraron con un mercado de compraventa de inmuebles inmerso en la crisis más larga de su historia, que desde hace seis años está sufriendo un descenso abrupto de la cantidad de operaciones, como de los montos de los tickets promedio de venta de los inmuebles y una consecuente baja alarmante de los ingresos por comisiones inmobiliarias a favor de los martilleros.

A pesar de este sombrío panorama, los corredores y martilleros no tuvieron acompañamiento ni empatía de ningún tipo, por parte de quienes deberían velar por sus intereses, estos son los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos.

Estos cuerpos colegiados se han transformado en Sindicatos en los cuales sus Presidentes están atornillados a sus cargos, desde hace más de 25 años, en la mayor parte de los casos. En general, se trata de martilleros que hace 20 años no ejercen la profesión, ni siquiera tienen inmobiliarias algunos de ellos y a pesar de “no” contar con un sueldo formal en sus cargos, logran mantener un nivel de vida de lujo, con choferes, cenas en los mejores restaurants, personal asistente, vacaciones en el exterior, etcétera.

No conformes con el manejo total y discrecional de los ingresos provenientes de la matrícula de todos los martilleros colegiados en su Departamento Judicial, sumado al costo de la matriculación inicial que hoy es de casi medio millón de pesos, también perciben la jubilación (ABAO) que son importes mucho más significativos, ya que los aportes anuales también son a valor actual más de 200 mil pesos. La jubilación que paga la Caja Previsional de Martilleros y Corredores hoy es de 143.000 pesos.

La transparencia e integridad de los fondos de los colegiados y de los aportes previsionales es inexistente, no hay un acceso a la información económica y financiera de forma directa por parte de los colegiados, a pesar de la facilidad que hoy la tecnología permite para ello. Se aprueban los balances entre gallos y medianoche dos horas antes de las elecciones, como un mero trámite administrativo y al corredor que desee saber más, es muy factible que se lo calle abruptamente y luego deberá esperar una inspección en su inmobiliaria a los 15 días de reelegido el candidato barnizado en el cargo.

No hay renovación real de autoridades, no hay una posibilidad verdadera de control de la gestión por parte de los colegiados. No hay una defensa de los colegiados en ningún ámbito. Sí han formado empresas que nacen “muy cerca” del Colegio que otorgan garantías para alquileres y negocios adyacentes que no pasan por la contabilidad de los colegios pero sí se invita a todos los matriculados a contratar dichas empresas.

Los Colegios de Martilleros y Corredores inmobiliarios son feudos intocables.

Parte de tener ese poder ilimitado y casi monárquico lleva a accionar contra todo aquel que pretenda modificar ese statu quo. La llegada a Argentina de marcas de otros países, pero con inversiones de argentinos, marcó un cambio en la visión global del servicio inmobiliario en Argentina, centrado en la satisfacción del cliente y en el uso de las últimas tecnologías para un resultado exitoso para todas las partes.

Los Colegios en lugar de acercarse al futuro, se aferraron al pasado con la sola intención que nada amenace su impune reinado. Transformaron una batalla comercial disfrazada en una batalla legal.

En ese tren de marcha, los corredores inmobiliarios que han elegido contratar una marca para integrarse a una red inmobiliaria, acceder a un servicio accesorio digital y de formación profesional accesorio a su profesión, como por ejemplo con las empresas Re Max, Century 21, Coldwell Banker, Keymex, Keller Williams, etcétera, en un instante pasan a ser hostigados y perseguidos sin piedad, a pesar de no contar los colegios con ningún tipo de sustento legal que los ampare.

Debe quedar claro, que las franquicias están permitidas expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1512 y ssgtes.) y el contrato de agencia también (art. 1479). Es decir, las franquicias inmobiliarias no son ilegales y los agentes inmobiliarios tienen una profesión independiente también reconocida por nuestro Código rector. Si un martillero tiene su nombre, apellido y número de colegiado en el frente de su inmobiliaria y además figura como adherido a una red inmobiliaria, la ley está cumplida en un todo.

Sin embargo, los Colegios de Martilleros han iniciado una cacería de brujas contra los corredores matriculados que hubiesen contratado una marca y los persiguen y hostigan casi diariamente a fin de amedrentarlos y de este modo lograr que renuncien a la red a la que pertenecen o que directamente abandonen la profesión.

En algunos Colegios como el de San Isidro, directamente incumplen la ley que regula la actividad 10.973, impidiendo sin facultad legal alguna, aunque exigiendo el pago de casi un millón de pesos entre gastos directos e indirectos, la matriculación a los colegiados, a los que luego de una exhaustiva investigación, les encuentren que alguna vez tuvo una vinculación con alguna red inmobiliaria.

No conformes con todo esto, les formulan actas disciplinarias antijurídicas y les inician acciones dentro del mismo Colegio, en algunos casos van un grupo de personas a amenazar con violencia física a los locales comerciales.

Lo triste es que en todas estas acciones los Colegios son juez y parte. Son un tribunal de la inquisición. No existe defensa o argumentación legal o lógica que logre conmover las descabelladas imputaciones realizadas por los Colegios contra los profesionales. Así también formulan denuncias penales, no sólo a los martilleros sino además a los agentes inmobiliarios que colaboran con su actividad. Estos juicios están siendo rechazados por la Justicia y se les están imponiendo las costas de procesos millonarios que ponen en riesgo el patrimonio de todo el Colegio, que es a fin de cuentas de los colegiados, aunque los directivos crean que les pertenece a ellos.

Los Colegio de Martilleros son los sindicatos en su peor expresión, ya que no le aportan absolutamente nada a los colegiados, no hay formaciones profesionales o son de un nivel paupérrimo, no hay servicios de ningún tipo, ni sociales, ni casas de campo o de deportes. Es una obligación matricularse, con un costo enorme para los martilleros y corredores inmobiliarios y la contraprestación es nula.

Los Colegios de Martilleros son la casta inmobiliaria. Es esencial que este gobierno los cierre y permita un ejercicio libre de la profesión o que al menos la matriculación no sea obligatoria. En ese momento serán los colegios los que deberán conquistar a los corredores con servicios para convencerlos que se integren a ellos. Hoy son el peor socio que puede existir o aún peor son los aportantes de una vida lujosa de sus directivos.

Los aportes previsionales de AFIP, de autónomos, parten en 9.000 pesos por mes y otorgan una jubilación de más de 124.000 pesos. La Caja Previsional del Colegio cobra un 400 por ciento más que el estado y paga prácticamente la misma jubilación. Es muy claro el negocio, matrículas y aportes previsionales de los corredores que estamos en la calle peleándola, se destinan al Sindicato de los Barones de los Colegios. La libertad debe llegar también a quienes ejercemos y amamos esta profesión y sólo deseamos que nos dejen trabajar en paz.

(*) Presidente de Keymex Argentina y de CAMESI (Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios).