Puntualmente, el fiscal pidió la indagatoria de Silvina Aída Batakis, María del Carmen Barros, Verónica Laura Asad, Maximiliano Piantanida, María Alejandra Closas, Juan Pablo Pedemonte y Juan Manuel Romero.

El fiscal los imputó por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública “a entender de esta parte, existen elementos suficientes para sospechar que los nombrados participaron en la comisión de un delito”, dijo el dictamen al que accedió Infobae presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

Para el fiscal, la contratación directa de Pity la numeróloga” da cuenta “del claro interés en miras a un beneficio propio en ese contrato, para exclusiva utilidad de la Gerenta General, y que los funcionarios involucrados en el despliegue de tal maniobra, evadiendo las normas en materia de contrataciones administrativas, le dieron preeminencia al interés personal sobre el funcional, aprovechando la función pública que desempeñaban para satisfacer un interés privado y quebrantando la esfera de custodia en la que los bienes con los que se afrontó tal operación legalmente se encontraban”.

“El aprovechamiento la función pública para satisfacer un interés privado no se limitó a la contratación de la numeróloga, ni al nombramiento de familiares y amigos, se materializó también con el otorgamiento de adicionales para incrementar el sueldo de la gerenta general”, subrayó el fiscal.

A fines de septiembre, el fiscal Marijuan recibió la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, luego de que el programa periodístico de Jorge Lanata revelara una serie de contrataciones escandalosas en el Banco Nación.