Promesas

Prestadores y la Superintendencia de Servicios de Salud buscaron una solución. El organismo prometió regularizar los pagos el 12 de este mes. Recién el 15 comenzaron a llegar algunos. Al cierre de esta nota, se habría pagado el 54 por ciento de los haberes de junio a las obras sociales, lo que no es una solución porque cada una tiene sus formas de “bicicletear” (suelen rehusar los pagos por defectos formales en las facturas)

En el sector están acostumbrados a cobrar a 60 días, en el mejor de los casos. Algunos cobran a 3, 6 y hasta 12 meses (en el caso de los que trabajan para IOMA) después de realizado el servicio. Vale aclarar que los honorarios son en pesos argentinos y no se actualizan por inflación.

La gota que colmó el vaso llegó en septiembre. Este mes se cortó la cadena de pagos, por lo cuál muchos no cobraron nada. Para decirlo en forma incisiva y directa: literalmente, trabajaron gratis. A partir de esto Prestadorxs Precarizadxs decidió salir a la calle para visibilizar el problema

Otro aspecto señalado por los profesionales es que trabajan bajo el régimen del monotributo. Lógicamente, al no tener relación de dependencia no cuentan con ningún beneficio como licencias por enfermedad, maternidad o vacaciones. Además, deben pagar los servicios de un contador y contratar seguros para poder trabajar.

Pues entonces ¿quién lo tiene?

El dinero recorre un largo camino hasta que llega a los profesionales en concepto de remuneración. La referente de Prestadorxs Precarizadxs SE cuenta a NOVA, con lujo de detalles, por cuántas manos pasa la plata.

El trabajo en blanco sostiene a las obras sociales. El trabajador aporta el 3 por ciento, mientras que el empleador hace lo propio con el 6 por ciento. De esa suma, el 17 por ciento va a parar al Fondo Solodario de Redistribución (FSR). De ese fondo se financian los tratamientos oncológicos y las prestaciones para discapacidad, no de las obras sociales.

El gobierno envía el dinero del Fondo Solidario de Redistribución a la Superintendencia de Servicios de Salud. Ésta a su vez lo deriva a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo que lo gira a la obras sociales y prepagas. Estas últimas tienen diversas alternativas de pago: hacerlo directamente al prestador, o a la familia del paciente, o mediante centros tercerizadores.

La intervención de múltiples actores es un escenario propicio para crear un sistema que genera demoras y oculta responsabilidades por los atrasos. Nadie puede precisar en qué punto la cadena se frena. En esta confusa circunstancia ningún órgano responde a los requerimientos de los prestadores.

Las obras sociales y el DNU

Las obras sociales pidieron al gobierno que, por decreto, las releve de la obligación de cubrir las prestaciones en discapacidad. “Por ley si las obras sociales no reciben plata del Fondo Solidario, deben hacerse cargo ellas” sentencia Lucarelli. Este imperativo legal no se estaría cumpliendo, motivo por el cuál muchas personas quedan sin prestaciones y no tienen otra opción que tramitar amparos judiciales.

El decreto que las obras sociales pidieron para no hacerse cargo del gasto en discapacidad es un borrador que todavía no salió. Para Lucarelli “se filtró para ver cuál es la reacción de la sociedad, para ver si se estaba en condiciones de dar semejante paso en el avasallamiento a los derechos de las personas con discapacidad”.

En caso de firmarse el decreto el Estado financiaría las prestaciones. Teniendo en cuenta los antecedentes de Incluir Salud (a cargo de la atención a personas con discapacidad que no cuentan con obra social) manejado por la Agencia Nacional de Discapacidad, no podría esperarse nada bueno. “Incluir está totalmente vaciado” señala Ailén Lucarelli.

Prestadorxs Precarizadxs en el Congreso

“Poner en agenda pública lo que está pasando ya es un logro” afirman desde la entidad. Esta lucha la está llevando adelante Prestadorxs Precarizadxs en más de 30 puntos del país. La Argentina está conociendo la precaria condición en la que trabajan los profesionales y la fragilidad del sistema.

Los reclamos llegaron hasta la Comisión de Discapacidad del Congreso. Con apoyo de legisladores del Frente de Izquierda, Prestadorxs Precarizadxs presentó un proyecto para declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad. Al respecto Ailén Lucarelli destacó que el resto de los sectores “Se rieron. No lo tomaron en cuenta”.

Mientras algunos son indiferentes y otros se ríen, el colectivo de la discapacidad paga el pato de la boda. La suspensión de tratamientos conduce a un deterioro en la calidad de vida del paciente y su familia. La suspensión de los pagos a prestadores los convierte en parias. Esta degradación, de ciudadanos a kelpers, paradójicamente ocurre con un gobierno que se jacta de su eslogan “Primero la gente”.