En esa línea, citó la declaración del ex secretario de Obras Públicas, quien había dicho que en su momento no recibió informes o advertencias de posibles irregularidades.

"Esta tesis con la que José López pretende negar su responsabilidad no resulta sólida. Las carteras que debían controlar estaban a su cargo, él tenía la superioridad jerárquica para hacerlo", manifestó, al tiempo que dijo que el ex funcionario "recibió un montón de alertas por denuncias y auditorías".

Fue el fiscal quien se hizo cargo de la segunda etapa de la audiencia de alegatos, que de entrada buscó rebatir los argumentos de los acusados. A propósito, afirmó que "el lawfare es uno de los principales argumentos utilizados por Cristina. Pero el lawfare como construcción jurídica no existe, el lawfare no existe".

Según el funcionario del Ministerio Público, "esto ha tenido un buen marketing pero no es más que un entramado que tiende a desacreditar las investigaciones penales por corrupción".

A su vez, coló en la discusión una comparación entre la persecución política que alegaron los acusados con "la historia de nuestro país que está enmarcada por casos que significaron verdadera persecución política durante la dictadura militar".

El fiscal se agarró bastante de algunos de los argumentos planteados por las defensas, contradiciendo a quienes habían dicho que Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, sólo llegó a la función con el objetivo de denunciar a la vicepresidenta, ex funcionarios y a Báez. "Quedó demostrado cómo se desencadenaron los hechos", sostuvo.

"Si la relación se hubiera gestado durante los 16 años anteriores, la situación de los imputados sería peor", sostuvo respecto de uno de los argumentos de Cristina, que se preguntó por qué si Néstor Kirchner había sido gobernador antes de asumir como presidente, no inició los supuestos negocios con Báez con anterioridad al 2003.

En esta etapa de su alegato, el fiscal mostró un estudio que hizo la Fiscalía, donde se compararon los millonarios fondos que recibió Báez en concepto de adelantos financieros, demostrando cómo el empresario de Santa Cruz se hizo, año tras año, de estancias por una cantidad enorme de hectáreas.

"Se ocupó de incorporar en su patrimonio 29 estancias, valuadas en 2016, por 546 millones de pesos", contó Diego Luciani. "Se convirtió en uno de los más grandes terratenientes del país, ahí está la plata de todos los argentinos"

El increíble informe que mostró el funcionario graficó de manera clara la cantidad de tierras y bienes de lujo como casas y vehículos que compró el empresario durante los 12 años del gobierno kirchnerista. "En total en Santa Cruz tienen 238 inmuebles y 293 en total en todo el país", dijo Luciani.

Apenas nueve minutos después del horario previsto, el fiscal Luciani arrancó su exposición ante el TOF 2. En primer lugar hizo un repaso de los chats entre el ex secretario de Obras Públicas José López con empresarios en los que aparece "la señora", en referencia a la entonces presidenta Cristina Kirchner, en los últimos días de su mandato, etapa denominada como "operativo limpiar todo".

Entre otras cosas, el fiscal señaló que la empresa y su directivo ya estaban vinculados a causas penales. Señaló que los activos de la firma estaban bajo cautelares dictadas en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero, "algo que no informaron desde la empresa y que era clave para el síndico y los acreedores".

"Luego de diciembre de 2015, Austral se transformó en una empresa fantasma, fue abandonada", afirmó el fiscal al tiempo que recordó que "los acreedores no se presentaron en la quiebra".

A modo de conclusión, Luciani afirmó: "Austral Construcciones fue una cáscara, fue creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones con fondos del Estado nacional".

Las nueve audiencias que el Ministerio Público Fiscal había pedido para exponer la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en el juicio por la obra pública están por culminar. Este viernes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comienzan a cerrar su intervención y se acerca un momento clave, ya que a partir de allí se leerán las acusaciones.

Si se cumplen los plazos previstos con antelación, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires esperan tener un veredicto listo para ser leído a los acusados antes de que termine el año.