El “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” fue creado por el oficialismo durante la pandemia, pero su único resultado fue espantar inversores. El diputado Carlos Heller fue uno de sus principales impulsores. El Gobierno apoyó la idea con la excusa de que otros países adoptarían esquemas similares, sin embargo, el Impuesto a la Riqueza es un invento totalmente argentino.

Su implementación generó un malestar generalizado en inversores que ya afrontan una pesadísima carga tributaria. “Aquí se dio una superposición con Bienes Personales que entre ambos en las escalas superiores llegaba a una imposición del 7,5 por ciento, difícil de obtener una renta similar en algún lugar del mundo dado que en muy pocos países se aplican tributos similares”, explicó César Litvin, de Lisicki Litvin y Asociados.

En ese sentido, el juez correntino Gustavo del Corazón Fresneda hizo lugar a una acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dictó la inconstitucionalidad porque el tributo viola “garantías y principios constitucionales”. La ley es violatoria del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva, detalló el magistrado.

Según los fundamentos del fallo, el Impuesto a la Riqueza provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“No lo quisieron llamar tributo para tratar de que no se aplique la jurisprudencia que tiene que ver el derecho tributario, y evitar que se sume a Bienes Personales, pero este falló está cerrando que al no ser voluntario tiene todas las características de un tributo más allá del nombre”, explicó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

Las consecuencias del fallo, aunque tarden en concretarse, pueden ser muy importantes tanto para los contribuyentes como para las devoluciones que podría tener que hacer el Estado.

La pregunta que cabe hacerse entonces es, ¿Cómo hará el Gobierno ahora para devolverle la plata a quienes de buena fe pagaron el impuesto? Un dolor de cabeza más para Alberto Fernández, que seguramente terminará repercutiendo en el bolsillo del pueblo trabajador, ya que cada vez que el Presidente no puede doblegar a los sectores más poderosos, arremete con saña contra el laburante, que tiene menos herramientas para defenderse de los atropellos.