Actualmente Navarro ocupa la secretaría de Relaciones Parlamentarias, que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Esa secretaría será absorbida por la Vicejefatura de Gabinete, que hace pocos días quedó a cargo de Juan Manuel Olmos, un hombre de extrema confianza del Presidente.

El “Chino” será el titular de la nueva secretaría, que estará bajo el organigrama que controla el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Debajo habrá dos subsecretarías. Una de Desarrollo Comunitario y otra de Relaciones con la Sociedad Civil. Ambas serán controladas por dirigentes del Movimiento Evita.

La idea de crear este nuevo espacio dentro del Ejecutivo fue del Presidente, que en los últimos diez días tuvo varias conversaciones con Navarro para agilizar su creación y para definir el contenido que tendrá. Este martes, el “Chino” y Manzur se reunieron en la Casa Rosada para ultimar detalles. En los próximos días se haría efectiva la resolución de su conformación.

La creación de la secretaría que manejará Navarro es un guiño al Movimiento Evita, que desde hace tiempo pedía tener mayor participación en el Poder Ejecutivo. Si bien el reclamo era por llegar a la cúspide de algún ministerio, la decisión presidencial fue contener a la organización con el diseño de un esquema que maneje la relación con las cooperativas de todo el país.

Bajo la secretaría de Desarrollo Comunitario y Relaciones con la Sociedad Civil quedará el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que dependía de Desarrollo Productivo, secretaría que, en el último cambio de gabinete, quedó en control del ministro de Economía, Sergio Massa.

El INAES maneja una caja de 2.500 millones de pesos y se encarga de administrar las cooperativas y mutuales. El organismo está conducido por un dirigente del Movimiento Evita, el sociólogo Alexandre Roig. Además, a la nueva estructura se sumará el programa nacional “El Estado en tu barrio”.

El guiño de Fernández a la organización social es también un gesto político relevante en el momento que atraviesa el Evita, apuntado por Cristina Kirchner por la administración de los planes sociales y por La Cámpora, que reclama la auditoria sobre los planes y las unidades de ejecución.