La oposición propone establecer un plazo de contrato de alquiler de 2 años; con actualizaciones trimestrales; con 3 índices distintos para elegir para la actualización y finalmente que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pago por adelantado de alquileres.

Por su parte, el Frente de Todos (FdT) ratificó su dictamen de mayoría con 40 firmas. La ley que quiere el kirchnerismo es muy parecida pero el plazo de contrato se mantiene en 3 años y las actualizaciones solo pueden hacerse en base al actual Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central y que muchas veces supera a la inflación.

Al tener dictamen de mayoría, primero se votará en el recinto la versión del kirchnerismo, y si no logra los 129 votos necesarios, se pasa a votar el dictamen de Juntos por el Cambio y los federales.

Todo indica que el Frente de Todos, que solo tiene 118 diputados propios, no llegará a aprobar su proyecto, y luego la oposición, junto a algunos diputados kirchneristas, aprobarán la ley que plantea Juntos por el Cambio, que fue previamente consensuada con el kirchnerismo y en parte apoyan el texto.

Desde la población hay un enorme descontento con las modificaciones que quiere introducir Juntos por el Cambio. El plazo de 2 años no resuelve el problema de rigídez del mercado inmobiliario, que lleva a propietarios a retirar sus inmuebles del mercado, reduciendo la oferta y presionando a una suba de los precios.

Además, que la actualización no pueda ser pactada libremente y solo se pueda respetar uno de los índices que desarrolla el Gobierno nacional, poco confiables y que todos saben que cada vez serán menos confiables, es visto con muy malos ojos, tanto por propietarios como por inquilinos.

Por último, la ley de JxC introduce una clausula para “defender” a los propietarios y estimular la oferta, que implica que puedan pedir hasta tres meses por adelantado. Esta clausula directamente dejará a miles de argentinos sin acceso a un alquiler, ya que pocas personas pueden pagar por adelantado tres meses, más un depósito de garantía, que equivale a un mes más.

Sin dudas, esta ley como está planteada es incluso peor que la actual, ya que no resuelve los problemas fundamentaes de la legislación original, y crea problemas nuevos. Como prometieron en campaña y como argumentan todavía los liberales, lo mejor que se puede hacer con el mercado inmobiliario es derogar esta ley y dejarlo libre, haciendo hincapié en la seguridad jurídica de los contratos.