Comprometidas como sueldo de albañil: la Justicia insiste con el Olivosgate y 4 asistentes fueron llamadas a indagatoria
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, llamó a prestar declaración indagatoria a 4 de las asistentes a la celebración en la Quinta presidencial de Olivos en la etapa más estricta de las restricciones por la “Plandemia”. ¿Se viene otra coima por parte del máximo mandatario Alberto Fernández?
Se trata de Rocío Fernández Peruilh, su hermana Florencia Fernández Peruilh, la ñoqui estatal Sofía Elizabeth Pacchi y Stefanía Domínguez. En cuanto a las primeras 2 nombradas, fueron citadas para el 28 de junio, en tanto que la empleada pública lo hará al día siguiente y la última tendrá lugar el jueves 30 de junio.
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El juez abrió este viernes una carpeta dentro del expediente para tramitar la extinción de la acción respecto del presidente Alberto Fernández, quien propuso una conciliación a través de la “reparación integral del daño”. El máximo mandatario acordó con la fiscalía pagar 3 millones de pesos, lo que fue aceptado por el magistrado, de modo tal que una vez cumplido con el depósito la causa quedará cerrada para ambos.
Otros imputados eligieron el mismo camino, pero los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, si bien también propusieron la reparación integral, lo hicieron ante el juez cuando en rigor, debieron haberlo tramitado ante la fiscalía.
“Proveyendo la solicitud de formación de incidentes de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio requerida respecto de Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh, hágase saber a sus letrados defensores que deberán ocurrir ante el Ministerio Público Fiscal”, señaló el juez.
Ello significa que aún es posible que ambas eludan la acción penal, si la fiscalía acepta la conciliación propuesta. Distinta es la situación de Sofía Pacchi, para quien pidieron el “sobreseimiento por atipicidad”, ya que sostienen que no cometió ningún delito puesto que estaba cumpliendo funciones laborales el día de la celebración.
Stefanía Domínguez, la otra llamada a indagatoria, es defendida por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien planteó como estrategia de defensa la nulidad de los decretos presidenciales que establecieron las restricciones por el Covid-19.
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