Siempre dependemos de alguien más: el FMI espera que el Gobierno de aumentos superiores al 10 por ciento en las tarifas
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la próxima semana coincidirá con la realización de las audiencias públicas organizadas por el Gobierno para explicar y, posteriormente, estar habilitado para aplicar los aumentos tarifarios para el resto del año.
Y, según aseguran dentro del oficialismo, el mensaje que quedará en claro en esos eventos (y que se buscará que llegue a Washington), es que se logrará la meta de una reducción en el Presupuesto de subsidios del 2022 de entre 0,5 por ciento y 0,6 por ciento del PBI. Llegando a este porcentaje, se descarta, habrá tilde verde desde el FMI para todo el ejercicio.
Aumento de tarifas: el Gobierno intenta alejar internas y apuesta a una segmentación “aplicable” https://t.co/ZS6We37GdG
— RadioMas935 (@RadioMas935) May 6, 2022
El incremento de hasta 0,6 por ciento (medido en los volúmenes de este año sería un monto cercano a los 400.000 millones de pesos totales); implicaría que casi un 80 por ciento de los usuarios y tarifas tendrán o un aumento promedio de entre 40 por ciento y 50 por ciento en la electricidad y el gas; o, directamente para el 10 por ciento de los usuarios, una eliminación total de subsidios.
En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.
El resto de los usuarios tendrán un incremento de hasta un 60 por ciento de pago actual; pero con promedios de entre 40 por ciento y 50 por ciento, en un esquema que se aplicaría desde el segundo semestre del año y se profundizaría en el cuarto trimestre. Una parte de la población importante permanecerá con los niveles de subsidios actuales, siempre que se encuentren dentro de los sectores menos favorecidos.
Se encontrarían en estos sectores los jubilados que cobren hasta dos mínimas, trabajadores irregulares, trabajadoras domésticas, monotributistas de las dos primeras categorías, beneficiarios de planes sociales nacionales y familias con trabajos registrados cuyos ingresos estén alcanzados por los límites de la canasta básica de pobreza que mide el INDEC.
Ésta es la promesa ya formal que Martín Guzmán le había efectuado a los negociadores del FMI durante las discusiones que derivaron en la aprobación de Facilidades Extendidas el 25 de marzo del 2022, y que luego se vio plasmado en la letra fina del acuerdo publicado en las páginas oficiales del organismo.
Llega en mayo el momento de fiscalizar el cumplimiento general de Facilidades Extendidas, donde se examinará lo que se cumplió en el breve mes y medio que transcurrió entre lo firmado y la próxima semana; pero, fundamentalmente, las proyecciones para todo el año. Esto es, un déficit máximo de 2,5 por ciento del PBI para todo el 2022. Luego, en 2023 tendrá que descender al 1,9 por ciento y a menos de 1 por ciento en el 2024; año en el que habrá otra gestión diferente a la actual.
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