Provincia de Buenos Aires
Dice que se usó documentación apócrifa

Abogada vincula al Municipio de Pilar con un violento intento de desalojo a un grupo de bolivianos

Para la abogada Macarena Zarza hay una vinculación directa entre el intento de violento desalojo que se está ejerciendo sobre un grupo de familias bolivianas con el Municipio de Pilar.

La abogada Macarena Zarza se refirió a un intento de desalojo a familias bolivianas de un predio de ruta 8, en el que además de violencia se presentó documentación apócrifa. Para la profesional, de alguna forma la maniobra se vincula al municipio de Pilar.

En diálogo con Cadena 94.5, Zarza aludió a “varias familias de nacionalidad boliviana que alquilan unas fracciones de un campo para sus tareas agrícolas a un hombre que falleció”. “Apenas ocurrido el deceso, apareció otra persona que dijo ser el dueño, denunciando, a su vez, a uno de los trabajadores por usurpación”., agregó.

El nuevo ´dueño´ del campo “se presentó con una medida de no innovar que establecía que por 90 día no se podían realizar modificaciones ni construcciones, aunque podían retirar lo sembrado para no perder el trabajo”. Pero según la letrada, “el conflicto se planteó porque esas personas ingresaron de manera violenta y desobedeciendo esa manda judicial al utilizar una máquina para cavar una zanja que perjudica a los agricultores”.

Zarza sostuvo a Cadena 94.5 que “llama la atención la impunidad con la que se manejaron, además de esperar que falleciera el propietario, lo que lo hace más sospechoso”. “También suponemos que presentaron documentación apócrifa, en la ocupación violenta intervinieron varios empleados municipales, y la máquina para cavar la zanja, también era municipal”, dijo antes de aludir a “una conversación telefónica que escuchó uno de los agricultores”.

En su opinión, “es evidente la complicidad entre el municipio y los usurpadores, que no son los ocupantes del predio que son simples agricultores”. En ese sentido, y como una manera de reafirmar sus presunciones, Zarza se refirió a “tres funcionarios policiales que no actuaron como deberían, y que serán denunciados en estas horas”.

Según la abogada, los trabajadores bolivianos ocupan ese predio de 37 hectáreas “hace más de 20 años, y jamás escucharon del fallecido que hubiera vendido el lugar”. Por otra parte, “no tenía herederos directos, pero sí una hermana que está a la espera del trámite sucesorio con la declaratoria de herederos, que sabe de esta situación y que jamás tuvo problema alguno con los inquilinos de su hermano”.

Por último, la letrada anticipó a Cadena 94.5 que “pediremos la nulidad porque no se observaron los procedimientos adecuados”, e indicó que el nuevo ´dueño´ “quiere llevar adelante en el lugar un emprendimiento agroindustrial”.

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