Política
Descontrol en las cámaras legislativas

Salta: todos cómplices, ninguno preso

El descontrol que se vive en las cámaras legislativas salteñas es intolerable. Intolerable para la sociedad que pide a gritos que la clase política termine con los actos de corrupción. (Dibujo: NOVA)

El descontrol que se vive en las cámaras legislativas salteñas es intolerable. Intolerable para la sociedad que pide a gritos que la clase política termine con los actos de corrupción; aunque tolerable para todos aquellos que deben velar por resguardar los bienes del Estado, el patrimonio de los salteños, y el honor de las personas. Este último, claramente, ya no es una prioridad.

Desde que estalló el escándalo de Fabio Rodríguez, hace casi un mes, en Diputados solamente se conformó una comisión que, hasta el momento, no hizo más que dar declaraciones de prensa sin llevar a cabo acción de investigación alguna. En Senadores, por el contrario, un representante afirmó estar cometiendo un delito con fondos públicos, pero todo quedó en la nada. Connivencia entre el poder y quienes, en teoría, representan a cada uno de nosotros.

Si una joven embarazada del sur de la provincia no iba a ANSES a solicitar la Asignación Universal por Embarazo, el caso de Fabio quedaba en la nada misma. En realidad sigue en la nada misma, pero al menos la sociedad ya tomó conocimiento como éste legislador curraba (no hay definición menos despectiva para su accionar) con dinero que no le pertenecía, al menos en los papeles. Desde ese momento hubo algo que unió a los legisladores sin importar diferencias políticas, partidarias, creencias religiosas, pañuelo verde o celeste, cuestión de género, etc. En algo coincidieron muchos, por no decir todos, que dejaron que este caso pase a ser uno más de los que se trató en la provincia. Como la financiera, como la pelea de Orozco y Cornejo.

A pesar que muchos de los diputados y diputadas se mostraron asqueados por la actitud de Rodríguez, ninguno hizo mucho por cambiar esta situación. Hasta la fecha no ingresó ningún pedido formal o proyecto alguno que eche mano sobre el manejo de las arcas públicas destinadas a las "asesorías" dentro de la Cámara de Diputados. Todo queda en entrevistas en radios o diarios amigos, alguna visita a un canal de televisión, y ya. Nunca fueron más allá y eso los hace cómplices de, si se demuestra, un delito por corrupción.

Los legisladores prefieren no hablar del tema, salvo uno que otro que con hipocresía se refiere a los AP. Varios integrantes tienen nombrados como asesores a familiares directos: esposas, esposos, parejas, amantes, hijos, primos, cuñados, etc. El nombrarlos no es un delito, claro está, el destinar esos fondos para actividades non sanctas, sí. Pasillos adentro del edificio de calle Mitre 550, saben muy bien nuestros representantes que el sueldo de los asesores, no es destinado en su totalidad a ellos. Hay retenciones, como las que usa cierto legislador para pagar a empleados de un medio de comunicación de su propiedad; o las que se queda para uso particular cierta ex conductora de TV.

Anteriormente, hace casi un año, este tipo de maniobras fue denunciado por un condutor de televisión local y su pareja. La denunciada en aquella ocasión fue Candela Correa, por ese entonces concejala capitalina, a quien acusaron de obligar a la pareja que trabajaba como personal de apoyo político de la ex rubia, a que les entregue parte del sueldo que percibían, con recibo incluído, por parte del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta. De hecho, uno de ellos debía transferir la totalidad de lo percibido, 55.941 pesos a dos cuentas legadas a la profesora de ritmos latinos. El caso quedó en la nada, como era de esperarse. A pesar que Candela no es un bastión fuerte dentro de la política.

El escándalo de los AP también salpica a la Cámara de Senadores. Fue el propio Héctor Miguel Calabró, representante por La Caldera, quien admitió en una entrevista radial dejarle "unos pesos" a las personas que él tiene nombradas como asesores, y el resto retenerlo para crear un fondo cún y realizar diversas actividades. Por más que las acciones "solidarias" pudieran ser o no buenas, en este caso el fin no debería justificar los medios. Calabró admitió hace semanas públicamente estar cometiendo un delito y solicitó ante los micrófonos ser denunciado penalmente. Nadie lo hizo, nadie se animó.

El desconocer una situación ya no es excusa ante la revelación de un delito. El no actuar, solamente los hace parte, a los legisladores, del mismo sistema corrupto que pareciera nunca acabará.

El Código Procesal Penal de Salta reza en parte del Artículo 267 Inciso "a" que todos "los funcionarios o empleados públicos que en ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito perseguible de oficio", tienen la obligación de denunciar sin demora aquellas maniobras; no están excentos, no tienen justificación. En las cámaras legislativas son todos cómplices, y lo peor del caso es que lo saben y no les importa. Con una Justicia inerte, comprada, oficialista, servil y sumisa, no podemos esperar otros resultados

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