En una primera instancia la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, había dispuesto la entrega de las tierras dentro de los 60 días a la comunidad mapuche, argumentando que está instalada allí “desde hace más de 100 años”.

Pero el Ministerio de Defensa presentó un recurso de amparo para impedirlo, afirmando que ese territorio es “esencial para el desarrollo de las actividades de instrucción” que realiza la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.

El juzgado aceptó el recurso y giró el expediente a la Cámara de Apelaciones de la provincia. En la próxima instancia la jueza Domínguez intentará sostener su fallo inicial, pero el Ministerio considera que cuenta con elementos de juicio suficientes para sancionar la nulidad de la cesión.

Las familias mapuches Millalonco Ranquehue exigen la titularidad de las tierras, asegurando que las ocupan desde fines del Siglo XIX. Pero el territorio fue confiado a la custodia del Estado desde 1937, para disuadir las pretensiones chilenas.

Del otro lado, la decisión de Domínguez de otorgarles el título de propiedad a los mapuches recibió la censura de instituciones, empresarios y vecinos de Bariloche, quienes consideran como un “pésimo antecedente” que alentaría un efecto dominó de otros grupos mapuches con el argumento de que se trata de “tierras ancestrales”, y con una sentencia afirmativa a su favor.

Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, advirtió que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”, creado por la Ley provincial 5155 y que apunta a poner en valor y preservar el entorno natural de un amplio sector ubicado entre el cerro Catedral y el lago Moreno.

El parque incluye 3385 hectáreas, pero una parte de las mismas está ocupada por comunidades mapuches, que pretende reclamar la titularidad de esas tierras aprovechando la sentencia en primera instancia de Domínguez.

Breide también denunció que “La jueza ya demostró cuáles son sus simpatías”, y recordó que Domínguez también sobreseyó a María Nahuel, una referente mapuche que, en el marco del juicio por las tierras que están en litigio, agredió a la fiscal federal Sylvia Little. La polémica que generó esta decisión obligó a Domínguez a presentar su renuncia, pero posteriormente fue ratificada por la Procuraduría General de la Nación.

Las comunidades mapuches acusaron de “racista” y “discriminatoria” la apelación del Ejército Argentino y al Ministro de Defensa, Jorge Taiana, que la respaldó.

“El territorio de nuestras comunidades ha sido relevado y reconocido por el Estado Nacional a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Entonces, ¿un organismo del Estado reconoce que el territorio pertenece a las comunidades pero otro organismo, del mismo Estado, pretende despojarnos insinuando que no existimos?”-expresaron en un comunicado.

La resolución de este juicio será fundamental para definir no sólo de esta cesión de tierras, sino por el antecedente que significará ante la espiralización de los reclamos mapuches. En caso afirmativo, buena parte del territorio nacional podría ser puesto en litigio.

Es necesario definir una política coherente ante los reclamos. Las contradicciones entre las diversas instancias oficiales demuestra que se sigue improvisando. Como en todo.