Cuando los candidatos a la presidencia están en plena campaña y lo único que les interesa es ganar las elecciones, el eje del discurso suele estar en las cuestiones que el votante quiere escuchar: empleo, crecimiento, bienestar. Sin embargo, una vez que logran su cometido y satisfacen su ambición de poder, la oratoria se corre de lugar y comienza a focalizarse en la famosa y “pesada herencia” de la gestión anterior.
Desde que Alberto Fernández se sentó por primera vez en el sillón presidencial, supo que la deuda contraída por Mauricio Macri con el FMI iba a ser uno de sus mayores desafíos, al que inesperadamente se sumó la lucha contra el Covid-19, que comenzó apenas tres meses después de su asunción al mando del país. Un combo que no supo manejar, y que le costó una caída en picada de su imagen, papelonazos mediante.
Finalmente, la semana pasada el Gobierno arribó a un “acuerdo” con el Fondo, palabra por cierto demasiado amplia y benevolente que esconde una cantidad de condicionamientos que Argentina deberá cumplir para poder continuar con el vínculo en buenos términos, y lograr -como suelen decir varios ministros- el camino hacia "el crecimiento sostenible”.
El Gobierno y Fondo "acordaron el sendero de consolidación fiscal que formará un ancla de política clave del programa. El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario", remarcaron desde el organismo, dejando en claro la tarea que le toca al jefe de Estado.
La vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, puso blanco sobre negro en este punto: confirmó que se espera llegar al equilibrio fiscal en 2025, mientras que el Ministerio de Economía había planteado ante los gobernadores que pensaba llegar a ese punto recién en 2027.
El objetivo planteado es que el déficit sea del 2,5 por ciento en 2022, del 1,8 por ciento en 2023 y del 0,9 por ciento en 2024, a fin de llegar al déficit cero en 2025. Un escenario para nada sencillo en el contexto económico actual.
Por otro lado, se acordó que una “estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público", informó el FMI. Otra exigencia de ajuste, sobre la cual el Gobierno indicó que “las medidas previstas para el sector siguen siendo las ya anunciadas, con una suba en tarifas promedio del 20 por ciento y la segmentación para eliminar los subsidios en los sectores de mayores ingresos”.
Hay que ver cómo se traduce esa quita de subsidios en la realidad, en un país signado por la devaluación permanente, y azotado por un 50 por ciento de inflación, donde la mitad de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.
En principio, el acuerdo implica un “entendimiento” por dos años y medio de plazo, con diez revisiones. Las metas fiscales, monetarias, inflacionarias y cambiarias que presentó el Gobierno alcanzan hasta el 2024 e irá habilitando nuevos desembolsos, se aclaró.
A pesar de que el Gobierno celebra el acercamiento con el Fondo, desde el organismo pusieron los puntos sobre las íes: "El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".
En síntesis: los discursos de la victoria seguirán siendo puro humo hasta que el Gobierno responda con los números sobre la mesa sobre en reencauzamiento de una economía que está en ruinas, por más que quieran dibujar una Argentina encarrilada hacia el crecimiento.
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