La reforma de la Carta Magna se sustentaba sobre tres pilares fundamentales: la inclusión de los derechos de segunda generación, el establecimiento de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y la intervención del estado en la economía.

Mantuvo los principios de gobierno representativo: no introdujo principios corporativistas de representación ni modificó la división tripartita de poderes. Sin embargo, sentó las bases dogmáticas y se ocupó del articulado institucional de un tipo de gobierno diferente al imaginado en 1853. Bajo la premisa de que era necesario superar las deficiencias del régimen representativo-liberal, el peronismo propuso un diseño constitucional fundado en una visión integrista y organicista de la política y de la sociedad. Se comprendió el orden de la sociedad a partir de la institución familiar y se concibió a cada miembro de la comunidad como una rueda en el engranaje del bien común.

La reforma de 1949

Dejó intacta la física del poder, al permitir la reelección presidencial, la acumulación de atribuciones y el dominio del príncipe republicano.

Aumentó, exponencialmente, la cotización de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia.

Intentó, suavemente, reducir el latifundio y fijó la función social de la propiedad.

Estatizó el ahorro, el comercio exterior y la banca.

Introdujo un novedoso elenco de derechos sociales, pero olvidó la huelga.

Por primera vez, el término “cultura” ingresó al vocabulario constituyente. Alentó la investigación científica.

Aunque intentó proteger el “sistema democrático”, incluyó reglas de dudosísima razonabilidad para dar cuerpo al estatuto de la oposición, circunstancia difícil para el mantenimiento y desarrollo del diálogo.

Reguló el capital; estatizó los recursos naturales y dispuso una política tributaria equitativa.

Reglamentó el abuso del Derecho.