En 1953 el 15 de abril, en un acto de la CGT en Plaza de Mayo de apoyo al presidente Juan Domingo Perón, una banda de terroristas delincuentes radicales integrada por Carlos Alberto González Dogliotti, Alberto y Ernesto Lanusse, Roque Carranza, Arturo Mathov y Eduardo Tholke, colocan cuatro bombas de las cuales solo explotan dos, una en el hotel Mayo y otra en la estación de subterráneos de Plaza de Mayo.

El saldo, 6 fallecidos y cientos de heridos. Las otras dos fallan. Las bombas las fabricó Carranza, el que fuera ministro de Raúl Alfonsín, y cuya memoria es homenajeada con una estación de subte con su apellido. El objetivo siempre fueron los trabajadores.

El 16 de junio cometiendo un crimen de lesa humanidad, bombardearon Plaza de Mayo con más de 300 muertos y cientos de heridos e inválidos. Pero lo que no se sabe es que de los 308 fallecidos, 111 eran militantes sindicales, incluyendo 32 mujeres. La obsesión siempre fue el Movimiento Obrero Organizado.

Finalizada la dictadura contra el gobierno peronista del 76, parte de las patotas civiles que integraron la triple A bajo las órdenes militares, y que pertenecían a la SIDE, fueron recicladas para perseguir a dirigentes sindicales durante el gobierno de Alfonsín.

Al frente de la central de inteligencia colocaron al doctor Roberto Penna, un abogado laboralista, con la misión de dar batalla contra la dirigencia sindical. El abogado, afiliado radical, se referenciaba con Edison Otero, Adolfo Gass y Juan Manuel Casella.

En la secretaria general de la presidencia estaba Germán López, y su segundo, Dante Giadone, acercó a Raúl Antonio Guglielminetti, civil vinculado a la SIDE durante la dictadura, al que se lo conocía como “mayor Guastavino”. Y éste se encargó de acercar otros “pesados” para el apriete en los gremios.

Mientras tanto, el socialista Antonio Mucci, como ministro de trabajo, y parte de la coordinadora radical operando a destajo, estuvieron a un voto de quitarles las conquistas a los trabajadores.

Nada es nuevo en la mesa judicial armada por el prófugo Simón "Pepín" Rodríguez, ni siquiera la participación de la inteligencia de la AFI.

Ahora la complicidad judicial es mucho más fuerte porque llega hasta la mismísima Corte Suprema, a la que Mauricio Macri quiso nombrar por decreto, sin que ninguno se ponga colorado. El silencio radical de hoy sobre el espionaje amarillo es porque ellos también lo practicaron.

Las patotas civiles de la última dictadura militar no fueron nada nuevo. Eran las replicas de los comandos civiles de la década del 50.

La ex gobernadora de Buenos Aires hoy habita un departamento en una de las zonas más caras del país, conocida como “la Isla de Recoleta”.

Pero nada es nuevo ni siquiera en esa zona. Allí solían reunirse un grupo de comandos civiles que integraban Raúl Puigbó, Adolfo Sánchez Zini, Humberto Podetti, Jorge Rodríguez Mancini, Isidoro La Fuente, José Balbin, Pedro Crear, Mario Aurelio Rodríguez, Felipe Solanas, Julio Alvarez, Enrique Hillegass, Eduardo Ayerza, Guillermo Demarate, Florencio José Arnaldo, entre otros. Ahí planificaban asaltos y copamientos a casas peronistas.

Apenas producido el golpe del 55 un comando civil radical entró a la casa del secretario de ATE de Azul, Manuel Chaves, acompañado de militares. En presencia del dirigente violaron a su esposa delante de sus cuatro hijos, y cuando pretendieron hacer lo propio con su hija de 4 años y este reaccionó, lo ametrallaron.

El nacionalismo radical lonardista tuvo su expresión en Marta Ezcurra, a la que el dictador Aramburo puso al frente, representando a las juventudes católicas que participaron del golpe, de los hogares de la Fundación. Marta Ezcurra hizo desalojar mano militar todos los refugios de jóvenes y niños, y armó una gran hoguera con colchones, frazadas y todo aquello que tuviera el logo de la Fundación.

Nada cambió. Soledad Acuña, ministra de educación de Horacio Rodríguez Larreta, dice que los chicos que faltaron al colegio de los barrios humildes, ya son casos perdidos, que seguramente fueron ganados por el narco.

Esta irreverente funcionaria es casi una réplica de aquella representante de la juventud católica.

Está claro quien empezó la grieta. Está claro quienes pusieron las primeras bombas. Está claro quienes secuestraron el cadáver de María Eva Duarte de la CGT. Está claro que el objetivo siempre fue destruir la organización que dejo Perón. La Gestapo macrista no es nada más que una réplica de sus socios políticos.

Son los mismos que pusieron más de la mitad de los intendentes en los golpes militares, los que nos hicieron socios del FMI. Todo esto, con la complicidad de la prensa canalla y de la Justicia amañada.