La estrategia del Gobierno para renegociar la deuda de casi 45 mil millones de dólares con el FMI parece casi calcada de la desarrollada en 2020 frente a los acreedores privados. Se procura negociar desde una posición de fuerza con la finalidad de obtener el mejor acuerdo posible, al tiempo que se insiste en un discurso para la tribuna consistente en negar la posibilidad de cualquier ajuste en la economía.

Dentro de esos idas y vueltas, se hace un espacio la grieta oficialista, con los sectores del kirchnerismo duro queriendo repetir el 2001, no pagar y entrar en default. La desventaja está en que el contexto es sumamente más frágil y los millones de argentinos quedan en el medio.

Pero uno de los factores que más preocupó a los observadores económicos fue la falta de indicios más concretos sobre un plan económico del Gobierno, más allá de que del mensaje oficial se desprendió una apuesta por la recaudación tributaria.

Es que una mayor recaudación impositiva debería suponer como condición el crecimiento económico, y la mayor actividad productiva exige inversiones que, a su vez, requieren del capital que más escasea hoy en la Argentina: la confianza.

A esas dudas, se suman otras vinculadas con las relaciones internacionales. Concretamente, el grado de apoyo que podría tener la Argentina en el Gobierno de los Estados Unidos, un país clave en el directorio del FMI.

Y, en tal sentido, podría ser determinante el papel que desempeñe el gobierno argentino en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), que se reúne en estas horas en Buenos Aires y que consagraría a Fernández como presidente pro témpore.

Este organismo regional excluye a los Estados Unidos y a Canadá, al tiempo que sufrió el abandono por parte de Brasil; en cambio, acoge a Cuba, Nicaragua y Venezuela y negocia un acuerdo en materia tecnológica y comercial con China.

De cómo se maneje el gobierno argentino frente a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela podría depender en buena parte el apoyo norteamericano a la renegociación de la deuda con el FMI.

Desde el Gobierno, se desmiente cualquier relación entre la posición argentina en este terreno con la postura de los Estados Unidos frente a la renegociación de la deuda con el FMI. Sin embargo, el presidente Joe Biden le ha transmitido a su par argentino la importancia de que se comprometa con la búsqueda de una auténtica democracia en aquellos 3 países gobernados por regímenes autoritarios.

¿Hasta cuánto puede subir la apuesta el Gobierno frente al FMI? Si bien existen coincidencias entre analistas económicos en que el organismo crediticio perdería mucho si la Argentina entrara en default, también se cree que el Gobierno de Alberto Fernández no está en las mejores condiciones para arriesgar demasiado, y mucho menos intentando amenazar al Fondo con su propio suicidio.

La realidad es que la Argentina está al borde de la bancarrota, con un Banco Central a punto de quedarse sin reservas líquidas y a poco tiempo de vencimientos de deuda que no estaría en condiciones de pagar.

Un default con el FMI, para el caso de que no se cancelen los pagos con vencimiento en marzo y el organismo financiero no acceda a posponerlos, generaría graves consecuencias para el país.

Entre ellas, la imposibilidad de acceder a créditos por parte del Estado nacional, incluidas las líneas de financiamiento blandas de organismos internacionales como el Banco Mundial; el virtual corte del crédito externo al sector privado, a no ser que se consientan tasas descomunales con infrecuentes garantías; las dificultades para adquirir insumos importados; el aumento de la desconfianza en la moneda nacional y una corrida hacia el dólar que impactaría en retiros de depósitos bancarios. Argentina está sometida y parece que el cambio de bandera es su única salida.