Esta última ley, hace muy poco votada por el Parlamento, prevé que una parte de los recursos se coparticipe con las provincias, mientras otra parte es gestionada por la Nación, y permite satisfacer necesidades de todos los distritos del país, incluidas la totalidad de los municipios bonaerenses.

Por eso decimos que la pretensión de quitar recursos al 95 por ciento de las y los habitantes de todo el país, para asignarlos arbitrariamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el último golpe del Partido (o mafia) Judicial, con objetivos claramente destituyentes y contra los intereses populares.

Este nuevo fallo no oculta su claro favoritismo por la oposición y los sectores de privilegio. La Corte Suprema reconfigura así los pilares básicos de la democracia y el federalismo, al restablecer la distribución de los fondos coparticipables que la Nación había dispuesto en 2020.

En aquel momento, los dos legisladores nacionales del PSOL, Carlos Heller y Eduardo Fernández, acompañaron con su voto positivo el proyecto para revertir la excesiva transferencia de recursos a la CABA.

Todos los argentinos, incluidos las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires, aportamos desde 2016 un plus de dinero a la Ciudad por un decreto del ex presidente Mauricio Macri. Cedimos así parte de nuestra riqueza y de nuestros tributos, sólo porque el Gobierno anterior pertenecía al mismo signo político y exhibía similar ideología neoliberal que el de CABA.

Concretamente, durante más de tres años el distrito más rico del país se benefició con un porcentaje extra en la coparticipación federal de impuestos, que pasó de 1,4 a 3,75 por ciento, con el argumento del traslado de la policía.

Aunque luego se redujo esa transferencia al 3,5 por ciento, está claro que esa decisión se tomó en perjuicio de más de 44 millones de habitantes del resto del país, y en particular de la provincia más habitada, la de Buenos Aires. Dicho en términos cuantitativos, se le transfirieron a CABA 126 mil millones de pesos, cuando la suma correcta hubiera sido de 40 mil millones.

Al revertirse la situación en 2020, los recursos recuperados por la Nación en el último bienio permitieron (en todo el país) reforzar partidas para Salud, Servicios Sociales, Infraestructura (obras viales, sanitarias, hídricas, planes de vivienda), Educación, Seguridad y para otorgar incentivos a la producción, sostener y generar empleos.

La realidad es que la Corte Suprema viene fallando sistemáticamente en la misma dirección regresiva para los intereses de las mayorías.

Y esta nueva decisión de un tribunal cada vez más alineado con la oposición, es claramente contraria a las provincias, además de ser de cumplimiento imposible, ya que significa trasladarle a CABA 180 mil millones de pesos extra durante 2023.

Resulta evidente, una vez más, la necesidad de una renovación democrática de la Justicia, para que los magistrados no se erijan en el partido de los poderosos, o directamente en grupos mafiosos inaceptables en una sociedad moderna.

La Corte Suprema de Justicia viene fallando sistemáticamente en la misma dirección. En este caso los medios ya venían anticipando el nuevo fallo, así que no resultó sorpresivo. Pero vale la pena profundizar en los argumentos.

El Tribunal dice que la decisión en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va en detrimento de las provincias, porque no se toca la coparticipación federal. Lo cual es una verdad formal que encierra una mentira absoluta. Por eso hay una falacia en el argumento de la Corte.

Si se le sacan a la Nación recursos de la parte no coparticipable, se está afectando a todas las provincias. Porque con esos recursos no coparticipables, por citar sólo algunos destinos, la Nación lleva adelante las obras públicas en las provincias, el apoyo a las universidades, el subsidio para el transporte de pasajeros del interior.

Y lo que es más importante: el mayor porcentaje del gasto público nacional se destina a la seguridad social y los distintos planes de asistencia a ciudadanos y ciudadanas que viven en todo el territorio del país.

El Presupuesto, aprobado hace muy poco, se vería entonces limitado, ya que no contempla la partida de 180 mil millones de pesos que la Corte Suprema ordena pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esa transferencia sería en detrimento de quién? Habría que recortar partidas que reciben el resto de las provincias y por eso su reacción.

Por eso el gobierno nacional pide “una revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada”, que no se puede cumplir sin afectar lo que establece la ley de Presupuesto, y recusa a los miembros de la Corte Suprema.

Está claro que estamos ante un conflicto de poderes. Pero también está claro que no se deben aceptar cosas que van desnaturalizando los objetivos de las políticas públicas, adoptadas por mandato popular.

Pedirle al Gobierno nacional que apruebe leyes de acuerdo a la filosofía de quienes hoy pueden tener una mayoría accidental por una elección de medio término no es correcto, porque su mandato llega hasta fines de 2023.