La causa Melazo entra en fase de definiciones en La Plata: pidieron 16 años de prisión pero podría ser absuelto






El juicio que se realiza en los tribunales platenses y que tiene como acusado al ex juez César Melazo entró en la fase de definiciones: la Fiscalía cerró su instancia y pidió 16 años de prisión para el ex magistrado, y este lunes será el turno de los alegatos de los abogados defensores, informaron fuentes judiciales.
Una fuente con acceso al expediente explicó que el abanico de posibilidades van desde la absolución hasta la pena de entre 10 a 12 años de prisión para Melazo, el que ya lleva cuatro detenido.
💥Piden condena de 16 años de prisión para el ex-juez de garantías de La Plata, el kirchnerista César Melazo, acusado de ser quien lideraba la llamada "Banda del Juez". pic.twitter.com/gENq4AC9oc
— Halcón Maltés ⚜⚓🇦🇷🍀 (@hamaxx1) December 14, 2022
“La verdad es que la fiscalía no pudo fundamentar sus acusaciones y apeló a la figura de enriquecimiento ilícito, algo que no figuraba en la instrucción, pero esta causa tiene tufillo político y puede pasar cualquier cosa”, aseguró la fuente.
El mismo vocero agregó: “La gran mayoría de la gente cree que se va absuelto porque no hay nada en la causa. Es así, pero son causas distintas, particulares”.
“La Fiscalía continuó, cerró la acusación en relación a la asociación ilícita y entiendo que por falta de pruebas en relación a Melazo armaron una especie de investigación fiscal con el fin de evidenciar que su patrimonio no correspondía con sus ingresos”.
La Fiscalía acusó a Melazo como "jefe" de una asociación ilícita y encubrimiento de delitos, y pidió que se investigue si tuvo participación en el homicidio de un presunto integrante de la banda y si también incurrió en enriquecimiento ilícito.
El pedido fue efectuado por los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo durante sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata, que juzga a Melazo y a otras ocho personas como acusadas de integrar una banda dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.
En el caso del ex juez, la fiscalía solicitó 16 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita "en calidad de jefe"; tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (nueve hechos), en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (cuatro hechos) y encubrimiento en concurso real.
También se pidió, como medidas adicionales, que se investigue la participación de Melazo, "en calidad de autor intelectual", en el crimen de Juan Farías, quien se cree era miembro de la banda y lo asesinaron en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.
A su vez, los fiscales requirieron que se investigara si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero, en base a la información obtenida sobre los bienes y las cuentas bancarias de los tres imputados.
La semana pasada, al comenzar el alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron por probado que Melazo tenía "una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita" y que su situación patrimonial "no se corresponde a los ingresos corrientes del Poder Judicial" y es un "indicio más" que avala ese rol delictivo.
Sibuet y Huergo afirmaron que "10 sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos como escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi".
El fiscal aludió a las pruebas que confirman las reuniones que mantenían los presuntos miembros de esa asociación, pasando incluso diversas escuchas, que mostraban "la indudable conexión entre cada uno de ellos".
"Melazo está sindicado como jefe de esa organización", remarcó Sibuet y agregó que el ex juez "conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante".
Por su parte, Huergo dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia; la propiedad de lotes en Cariló, una propiedad en la localidad de Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como por ejemplo retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares.
Los fiscales pidieron, además, que el policía Gustavo Bursztein sea condenado a reclusión perpetua como coautor de asociación ilícita en calidad de "organizador"; robo calificado por abuso de arma en concurso real con portación de arma de guerra y homicidio criminis causa y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional.
Para el policía Gregorio Mena, Adrián Manes, Carlos Barroso Luna, Héctor Vega y Martín Fernández también solicitaron la reclusión perpetua como "cointegrantes" de una asociación ilícita, robo calificado por abuso de arma y homicidio criminis causa.
Para Carlos Bertoni, seis años por asociación ilícita; Enrique Petrullo, cuatro años por tráfico de influencias; Marcos Chiusaroli, a un año y seis meses por tenencia de arma de fuego de uso civil.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integraban una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".
Además, "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Por su parte, el ex juez renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su accionar.
Durante el juicio Melazo denunció que la Policía Federal robó objetos de valor de su casa de Gorina y “plantó” armas, además, varios testigos dieron detalles de “aprietes” por parte de la fiscal Lacki y los efectivos de la fuerza, lo que hace presumir que se trató de una causa armada.