¡Larreta cuenta las horas! La Corte define la cautelar que podría restaurar los fondos coparticipables a la CABA
La caja chica, no tan chica porque son varios los gobernadores que pelaron para que la distribución de los fondos coparticipables sea equitativa, los fondos que Mauricio Macri le había cedido al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que el Gobierno de Alberto Fernández le quitó, podría regresar si es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación define si hace lugar a la cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad y devuelve el dinero. Hay tensión y los gobernadores presionan a la Justicia.
A solo un día de la fecha prevista por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el último acuerdo para tomar una decisión este jueves sobre la causa de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el expediente no ha sido incluido por la presidencia del Tribunal pese a las reuniones técnicas de los letrados de los cuatro ministros y la existencia de un proyecto de sentencia que, según informaron fuentes judiciales, está listo para ser votado.
Si la info de @BonelliOK es correcta, voy a pedir el Juicio político a Manzur. El Jefe de Gabinete no puede intervenir sobre el Poder Judicial, presionando Jueces para evitar la sentencia que favorecería a CABA y permitiría recuperar fondos que el Gobierno le quitó para Kicillof https://t.co/rF7dj9MeqX
— Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 23, 2022
Imprevistamente, Horacio Rosatti no incluyó este tema en el listado de acuerdos que se distribuyó este miércoles, lo cual está generando una ardua discusión interna.
Rosatti habría hablado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien tiene una relación personal estrecha, quien le hizo un pedido en representación de los gobernadores del Norte, con quienes se halla reunido en Corrientes. El pedido es que se postergue la decisión hasta el año próximo, para ver si hay un acuerdo general.
Según trascendidos, dos ministros se molestaron con Rosatti y exigieron que se trate este mismo jueves tal como estaba previsto, más allá del resultado final. El problema es que la semana próxima no hay acuerdo de ministros y le pidieron que se trate este jueves o en los acuerdos del 6 o el 13 de diciembre, que son los últimos del año.
Ahora solo resta esperar a si Rosatti cede ante sus colegas, ya que se generó un conflicto interno muy serio. Si esto no sucediera, y la definición pasara al próximo año, se trataría, según varias fuentes judiciales y de la política, de una influencia política externa intolerable.
Con un escenario de fondo referido a la transferencia de las funciones de seguridad, se trata de dos causas iniciadas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020). Ante esto, la administración de Horacio Rodríguez Larreta solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.
En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario. Para ponerlo en números, el GCBA insiste en que el costo del traspaso de funciones se estimó en 13.070 millones de pesos a valores del año 2015.
En las audiencias celebradas en el Tribunal, y en el plazo de conciliación acordado, no se llegó a ningún acuerdo. Por eso, el Estado Nacional efectuó una presentación el 16 de mayo en la cual manifiesta esto y realiza una síntesis de lo acontecido, entre ello, la propuesta de 44.370.860.589 pesos, que no fue aceptada. Hace hincapié en que, en el hipotético caso de que la Corte concediera la pretensión cautelar de la Ciudad, retrotrayendo la cuestión a lo que en su momento previó el Decreto N° 257/18, estaría reconociendo, sólo para el año 2021, un exceso de aproximadamente 70.000.000.000 pesos por sobre el valor real de la transferencia que estableció la Comisión Federal de Impuestos en su dictamen, que fue de un total estimado en 11.486.456.429,13 pesos. Ese es el cálculo que realiza el Estado Nacional sobre el efecto económico en caso de que se otorgase la medida cautelar.
