El máximo tribunal está en consulta permanente hasta el martes para ver qué respuesta la Cámara de Diputados sobre el polémico proyecto.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que preside Marcelo Gallo Tagle, manifestó este viernes su preocupación por la inclusión de un artículo en la ley de presupuesto para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes de 2017 para que comiencen a pagar Impuesto a las Ganancias a partir del próximo año.

En un comunicado, la AMFJN dijo que "es una cláusula que pretende, una vez más, violentar la cláusula constitucional que protege los salarios de jueces y fiscales".

La AMFJN se declaró en sesión permanente "conscientes de la gravedad de lo que se pretende en términos de avasallamiento". Luego reiteró que el "salario no es ganancia".

Por su parte, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, que lidera el juez Javier Leal de Ibarra, también se sumó a la extendida preocupación.

En un comunicado, sin valorar el texto del proyecto expresó su "más profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados". En cuanto, se tratad de un "mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas" los jueces.

"El diálogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente la temática en cuestión, con independencia de la fecha de designación de los jueces en sus cargos", agregó esa entidad de jueces clave.

"Pero este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación llevará a consecuencias no sopesadas, que resentirán en mayor medida la prestación del esencial servicio que le compete", subrayó la entidad.

En tanto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que dirige Julio Piumato declaró un paro para el martes 24 de este mes cuando se trate el proyecto en diputados. Incluso, el Sindicato de Empleados Judiciales (SITRAJU), que lidera la diputada ultracristinista Vanesa Siley, se quejó por el proyecto y sacó un comunicado con la consigna "el salario no es ganancia".

El gremio declaró el paro “luego del avance en diputados del acto confiscatorio del salario de los y las judiciales, respecto a la incorporación de los trabajadores/as al régimen de "ganancias" y ante las gravísimas declaraciones de un diputado oficialista cuestionando la independencia del Poder Judicial, lo que demuestra su falta de respeto y apego a la Constitución Nacional, hecho inaceptable para un diputado de la Nación” en referencia al legislador K Marcelo Casaretto.

“Este nuevo ataque contra la justicia no solo constituye un desfalco al castigado salario de los y las judiciales, sino que opera además como una cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto, mientras que los que saquearon a la Argentina siguen indemnes”, afirmó el sindicato.

El gremio afirmó que “no permitiremos que nadie se lleve puesta a la justicia. Si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional, como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino”.

"Los/as trabajadores/as no generamos la crisis, la padecemos día a día con la inflación, tarifazos y La exención que pretende modificar el kirchnerismo se denomina", añadió.

Una fuente judicial explicó que la denominada "exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales" del proyecto de presupuesto implica 237.850 millones de pesos (0,16 por ciento del PIB).

Eso incluye a los magistrados provinciales y todos los regímenes equiparados (tribunales de cuentas provinciales, ministerios públicos, y también municipales). Un dato: hay más (muchos más) jueces provinciales y municipales, que nacionales.

Si el proyecto se aprueba, impactaría directamente en los sueldos de funcionarios de provincias y municipios con realidades muy distintas. Algunos jueces hoy (por ejemplo Chaco) están litigando para no cobrar en bonos.

Como es un impuesto que lo paga el trabajador implicaría, en síntesis, sacarle dinero que hoy “va al bolsillo de funcionarios y empleados judiciales provinciales y municipales, para financiar programas de asistencia social del Gobierno nacional y otros gastos”, contó una fuente judicial a Clarín. Es decir, sacarle a las provincias y municipios para dárselo a la Nación.

El dictamen de mayoría dice, además, que “en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo incluido en el dictamen.

Este punto no pasaría un test de constitucionalidad porque la ley sancionada en el 2016 estableció que iban a pagar Ganancias los jueces nombrados a partir de 2017.

Por otra parte, la ley 24.156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional), dice que "no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos". Es decir, que en todo caso haría falta una ley específica.