La medida solo consiguió tensionar las relaciones diplomáticas con otros países que han condenado “enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, además de repudiar “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, según expresaron Canadá, Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otras naciones.

De modo que, mientras el canciller Santiago Cafiero intenta estrechar vínculos internacionales, el jefe de Estado -bajo presión de CFK- camina en sentido contrario, emparentando a nuestro país con las políticas dictatoriales de las cuales pretendemos alejarnos desde 1983.

“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados”, afirmaba días atrás Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en Venezuela.

Quien aprovechó políticamente esta polémica postura del Gobierno nacional fue el ex presidente Mauricio Macri, que en su cuenta de Twitter disparó: “Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos”.

En medio de este revuelo, la ahora ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, plantó la renuncia a su cargo precisamente denunciando violaciones a los derechos humanos en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, donde en un desalojo a la comunidad mapuche operado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, detuvieron y trasladaron al penal de Ezeiza a varias mujeres, entre ellas una embarazada.

En una dura carta dirigida a Alberto Fernández, Gómez Alcorta señaló que esta acción realizada en la Patagonia resulta "incompatible" con los valores que defiende. Otra incongruencia de los referentes k, dado que la ex ministra es una ferviente defensora del aborto, sinónimo de la violación del derecho humano más elemental: el de la vida.

En junio pasado, al lanzar el II Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023 en el marco de los festejos por los 40 años desde el retorno de la democracia en la Argentina, el mandatario nacional aseguraba en un discurso antimacrista que los derechos humanos son "una bandera que inalterablemente levantaremos para ser una sociedad mejor”. Y agregaba: "Al odio lo enfrentaremos con la razón, a la violencia, con la justicia. La verdad está de nuestro lado".

En ese marco, hizo hincapié en el crecimiento de los movimientos de derecha, especialmente aquellos que “niegan la existencia de violaciones a los derechos humanos” por parte de los Estados. "Somos millones los que no estamos dispuestos a dar un paso atrás, a volver a permitir que lo que fue el dolor, la pérdida de seres humanos y la tortura vuelvan a ser puestos en duda, en una Argentina que fue capaz de juzgar cada uno de esos hechos", señaló.

La pregunta que queda abierta, dado el silencio del mandatario nacional ante los graves hechos antidemocráticos que padece el pueblo venezolano día a día desde hace años, es: ¿de qué lado está Alberto Fernández? ¿Cuál es su verdadera identidad ideológica?