El columnista invitado
Punto de vista

Seguridad, otra mirada

Fernando Díaz es abogado, fue jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense durante el período 2005 al 2009 y 2016; asesor del Ministerio de Justicia de Honduras entre el 2014 y 2015 y jefe de Asesores del Servicio Penitenciario Federal.

Por Fernando Díaz (*)

En 2020 había en Dinamarca 71 personas privadas de su libertad cada 100000 habitantes, En Finlandia 53, en Alemania 79, en Suecia 61, en Suiza 77, en Bélgica 87, en Francia 106, en Italia 100, en Chile 245, en Brasil 344, en Argentina 194.

Sobre esa media Argentina de 194 encarcelados cada 100000 habitantes se encuentra la Provincia de Buenos Aires. Allí esa tasa asciende a 254.

Desde un punto de vista que parece no ser mayoritario, esta diferencia de guarismos no se debe a factores climáticos, de alimentación o genéticos, ni aún a la pobreza o riqueza de una economía sino a la desigualdad, a la inequidad manifiesta en cada uno de los países donde sus cárceles se hallan abarrotadas.

Mi experiencia en nuestro país y habiendo conocido algunas prisiones extranjeras me lleva a concluir que, en el mundo, la población carcelaria (aún en esos lugares con relativa baja cantidad de detenidos), siempre coincide con la porción más relegada dentro de la sociedad.

No obstante, ello, también es menester decir que en todas partes hay dos clases bien definidas de detenidos, más allá de un común origen social. Una de ellas ha llegado a un nivel de organización y profesionalización que merece un trato especial y más intensivo que involucre una intervención multidisciplinaria para revertir esas historias.

Esa población carcelaria organizada y profesionalizada no es la que numéricamente se impone, sino que prevalece aquella que integran las personas que han vivido en la marginalidad desde sus nacimientos y llegan al delito de manera improvisada y sin haber tenido oportunidad de merituar demasiadas opciones.

Si bien hemos venido fluctuando entre dos modelos muy diferenciados en el manejo de la cosa pública a partir de que aprecian de manera contradictoria la participación que debe tener el Estado y que, en lo personal abono a la postura que pretende un Estado presente y activo, debo reconocer con cierta amargura y decepción que, en materia de seguridad ciudadana ambos han tenido demasiadas coincidencias.

Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente ejemplo. En el año 1996 había en la Provincia de Buenos Aires unos 13 millones de personas habitando su territorio de los cuales algo más de 12 mil estaban detenidos tanto en sus cárceles como en comisarías.

En la actualidad, la cantidad estimada de habitantes de Buenos Aires es de 17 millones, es decir, alrededor de un 50 por ciento superior a la del 96. Pero esa proporción de manera alguna se mantuvo en la población privada de su libertad que con esa lógica debería ser hoy de unas 18000 PPL y que muy lejos de esa cifra, ronda actualmente los 50 mil, o sea, casi multiplica por cinco los detenidos en 1996.

Estos números que pueden resultar engorrosos nos llevan a hacer la pregunta. ¿Con políticas de encarcelamiento masivo, mejoró la situación de seguridad ciudadana? Respuesta: nunca.

En todo este período señalado, hubo un sólo momento en la provincia contenido entre los años 2005 y 2008 donde a partir de un mensaje muy contundente del gobierno Nacional, un gobernador absolutamente comprometido y tres ministros provinciales, el de Justicia, el de Desarrollo Social, el de Seguridad y una ministra de Educación que trabajaron en el mismo sentido, pudo verificarse una muy importante baja en la cantidad de detenidos, al mismo momento de un descenso del delito.

Difícil es explicar qué fue lo que pasó después de eso para que el falso discurso de la mano dura vuelva a imponerse a pesar que la realidad nos sigue mostrando que la política de seguridad que transversalmente se viene practicando es un fracaso cualquiera sea su ejecutor.

En los dos lados de la grieta se propone invertir todo el arsenal humano y material en atrapar ladrones de celulares y encerrarlos en condiciones inhumanas con la preocupación exclusiva de simpatizar con una supuesta opinión pública que en realidad no es más que la influencia de fuertes intereses en pugna.

No debería ser tan difícil percatarse que, si seguimos dando las mismas respuestas, vamos a continuar con los mismos resultados. Con la continuidad de esta tendencia, no es demasiado exagerado imaginar un futuro en el que la mitad de los pobladores sean policías y la otra mitad esté presa.

La propuesta no pasa por dejar de detener a quien comete actos delictivos, sino en cortar de una vez por todas ese círculo vicioso de ingreso y egreso de las mismas personas al sistema.

Estoy absolutamente convencido, no por visionario, sino a partir de la experiencia de esas sociedades que han podido acercarse a satisfactorios estándares de bienestar para la mayoría de su población que, haciendo una gran apuesta por las personas que a diario recuperan su libertad tras purgar la pena que le fue impuesta, se obtendrían frutos extraordinarios en beneficio de todos los ciudadanos.

Con el mismo presupuesto que hoy destinamos a la cuestión seguridad, mediante diferentes proyectos como podrían ser la construcción de viviendas sociales, el mantenimiento de espacios públicos, la obra pública en general.

Podríamos asegurar que cada uno de los liberados, desde el mismo día que recuperen su libertad se encuentren con un trabajo digno, registrado, con obra social, con formación profesional y una red integral de contención.

En muy poco tiempo cambiaríamos un problema por una solución, comenzando así a revertirse esa línea ascendente exponencial que empareja, sin solución de continuidad, la cantidad de presos con cantidad de delitos y que parece no tener techo.

Seguramente al principio, pero sólo al principio, habrá que salir a bancar los trapos, después… somos Dinamarca.

(*) Fernando Díaz es abogado, ex jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense durante el período 2005 al 2009 y 2016; asesor del Ministerio de Justicia de Honduras entre el 2014 y 2015 y jefe de Asesores del Servicio Penitenciario Federal entre el 2013 al 2015.

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