
Esta semana se conoció, luego de varios años, finalmente que la Justicia comercial dictaminó la quiebra del Correo Argentino S.A., que pertenece al Grupo Macri de la familia del ex Presidente y al que se los apunta por una deuda de casi 300 millones de dólares.
Concretamente, fue la jueza en lo comercial Marta Cirulli, quien decretó la quiebra tras dar por fracasado el proceso de salvataje del correo privado que la familia de Mauricio Macri operó hasta el año 2003.
Pero lo que llamó poderosamente la atención es el nivel de caradurez del gobierno nacional y que personas en funciones públicas muy importantes como en la Procuración del Tesoro de la Nación, el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo que lidera Carlos Zannini, lo festejaran con bombos y platillos, sin ningún tipo de tapujo y a pesar de que él estuvo tras las rejas.
El procurador del Tesoro estuvo preso por la denuncia que llevó a cabo el fallecido fiscal Alberto Nisman, vinculado al Memorándum con Irán. Fue el ex juez federal Claudio Bonadio quien lo procesó junto al ex canciller Héctor Timerman, como también a Cristina Kirchner, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
"Yo estuve detenido por voluntad de los que mandan y por temor de algunos jueces; cuando hubo fiscales o jueces valientes, yo recuperé la libertad", dijo en su momento Zannini, y argumentó: "Me han inventado un delito que no he cometido. No se olviden: yo soy un inocente que fue preso".
Por eso, ahora cuando la Justicia pone contra la espada y la pared a los Macri, el procurador sale a regocijarse: "Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones", dijo y agregó: “Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”.
En suma, Zannini también adelantó que el gobierno de Alberto Fernández le pedirá a la Justicia un esfuerzo más: “Vamos a solicitar la extensión de la quiebra del Correo Argentino a Socma", añadió.
Pero el quid de la cuestión no es si la Justicia lleva o no hasta las últimas consecuencias a la familia Macri o si avanzan o no las causas de corrupción de Cristina, sino las formas de la política que no envejecen con el tiempo y continúan manejándose con el “amiguismo” y el “revanchismo”, salpicando a la Justicia, que debería ser una institución imparcial.
Y parte de esa lógica responde, por ejemplo, el vacunatorio VIP, donde a los amigos “le damos todo” y que los giles se jodan. Y fue concretamente el propio Zannini, quien con muchísima caradurez confesó públicamente y sin sonrojarse que se inmunizó de forma irregular: “No me arrepiento de haberme vacunado porque estaba en las condiciones legales para vacunarme", sostuvo quien fuera inscripto como supuesto "personal de salud".
O sin ir más lejos, la vicepresidenta Cristina Kirchner visitó a Mayra Mendoza, quien se encontraba internada, sin ser familiar directo y sin ningún tipo de protocolo: la propia intendenta quilmeña publicó las fotos donde se ve a CFK sin barbijo y sin distanciamiento en la clínica.
Y esto automáticamente recuerda a la triste y trágica historia de Pablo Musse, a quien, en pleno confinamiento durante el 2020, no le permitieron ver a su hija Solange Musse, enferma de cáncer en Córdoba, antes de perder la vida a kilómetros de su familia. Esto costó la imputación de cuatro funcionarios entre un policía, dos médicos y una trabajadora social.
La “grieta” en términos políticos (no judiciales), no debería ser más que dos posiciones antagónicas de conducir a un país, con chicanas, tires y aflojes sin mayor trascendencia que un debate político sano y serio.
Sin embargo, la actualidad parece ser muy distinta a esta realidad mientras avanza una reforma judicial que probablemente sea necesaria en muchos aspectos, pero que lejos está de patear el tablero, sino que promete ser más de lo mismo o, peor aún, busca profundizar la impunidad de los gobiernos de turno.