En diciembre pasado, al finalizar uno de los años más trágicos de la Argentina como consecuencia del pésimo manejo de la pandemia del Covid-19, el mandatario nacional se metió en el bolsillo al sector feminista que reclamaba por la legalización del asesinato de bebés en gestación. Aunque los protocolos sanitarios seguían en vigencia y las aglomeraciones estaban estrictamente prohibidas, hizo la vista gorda a la masividad reunida en la puerta del Congreso para rugir en aplausos por la nueva norma.

Mientras se aproximaba un año clave a nivel político, era más importante poner el foco en un polémico reclamo de larga data, lejos de priorizar la inversión en educación sexual para prevenir embarazos. Siete meses después de la aprobación de la ley que habilita el aborto, al Gobierno nacional le sobra dinero para evaluar la compra de penes de madera destinados reforzar la concientización sobre prevención. Argentina, gobernada por la incoherencia y la ineptitud.

En otro orden, días atrás, el jefe de Estado decretó una nueva medida preelectoral para dejar contento a otro sector fundamental del mapa político argentino: la CGT. Ante la necesidad de hacer buenas migas durante la campaña, definió que de ahora en más, los trabajadores no podrán elegir su obra social al ingresar a un nuevo empleo, excepto cuando haya pasado un año de antigüedad. Por lo pronto, la cúpula sindical espera también que se concrete el pago 11.000 millones de pesos a las obras sociales para compensar los gastos del rubro discapacidad en educación y transporte. Otra de las promesas que le había hecho el Gobierno hace algunas semanas.

Los jubilados, otra pata flojísima de la gestión albertista, como así también de las anteriores. ¿Cómo atraerlos con demagogia? Anunciando con bombos y platillos un mísero y vergonzoso bono de 5 mil pesos que apenas les alcanzará para cubrir el gasto mensual de medicamentos, otro de los rubros cuyos precios se dispararon de manera astronómica en el actual contexto inflacionario. Según afirmaron desde el Gobierno, se definió para “compensar” la pérdida de la nueva fórmula previsional contra el aumento de precios. Una tomada de pelo a los adultos mayores, quienes aportaron toda la vida para tener una jubilación digna, y aún no lo logran, ya que sus haberes están 15 puntos por debajo del IPC.

¿Qué promesa puede ser válida, cuando el Gobierno había estimado una inflación anual del 29 por ciento para este año, y finalizado el mes de junio, este índice ya acumula un 25,3 por ciento?

Subestimando a la población, el Presidente sigue anunciando medidas económicas que solo sirven para poner “parches” a un escenario agujereado por los incrementos de precios que, junto con otros factores, siguen impactando en aumento de pobreza. Precios Cuidados -que nada tienen de cuidados porque sufren ajustes todos los meses-, Súper Cerca, Precios Máximos, y tantas mentiras más.

Por supuesto, el sector afectado por el bajo piso del Impuesto a las Ganancias también tenía que ser seducido de algún modo. Apagar esa bronca iba a requerir de una medida concreta aprobada en el Congreso, como fue el reciente visto bueno a la eximición del pago de este tributo a los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos, norma que -según afirman- “beneficia” a más de un millón de trabajadores.

Este paquete de nuevas disposiciones, leyes y medidas pensadas exclusivamente para reforzar la cohesión del Frente de Todos en las urnas, no hace más que demostrar la falta de compromiso genuino del Gobierno con el pueblo, excepto para seguir obteniendo votos. Sin duda, la huella más marcada que dejará la administración albertista, junto a los más de cien mil muertos que ocasionó la catastrófica gestión de la pandemia.