En los casos de usurpación existen dos vías, la Penal que castiga el delito, y la Civil que restituye el bien usurpado. Por lo tanto, cualquier caso que no esté incluido en el artículo 181, corresponde a la Justicia Civil y la víctima tendrá que pedir un desalojo.

Siguiendo la línea, muchas veces se puede accionar en las dos, en el caso de la Justicia Civil se pueden implementar acciones de reivindicación o pueden solicitar medidas cautelares, en este caso se necesita la intervención obligatoria de un abogado. En lo Penal, la fiscalía se ocupa de instruir el sumario y probar si hay delito conforme las denuncias de usurpación que le llegan de la Policía. Lo cual claramente aquí falla polémicamente.

“La comisaría no nos da ninguna respuesta y, mucho menos, nos ofrecen alguna respuesta”, expresa una persona en el lugar. A su vez, el resto de las personas aseguran que muchos de los usurpadores cuentan con armas y hasta plantas de marihuana, pero “la policía no hace nada y deja que el circo continúe”.

Por lo que pudo averiguar NOVA, quienes ocupan hoy los terrenos que pertenecen a vecinos de la ciudad, cuentan con documentos falsificados para hacerse con las tierras. Familias que viven en el barrio hace tiempo, hoy han sido despojados de sus pertenencias por politiquería barata.

Ya no alcanza con la compra de partidos políticos y agrupaciones militantes, ahora se avanzaría con la toma de tierras para presuntos votantes. Asimismo, es como ciudadanos se encargan de realizar los reclamos mismos.

Ante todo lo acontecido, queda por afirmar que las denuncias presentadas esperan contar con algún tipo de avance. De momento, cada vecino se propone alzar la voz para que esto llegue a los oídos del intendente Guillermo Montenegro.