Judiciales y Policiales
Todos miran a la Corte Suprema

Arde Troya: el procurador macrista Casal declaró inconstitucional el DNU 241 del Estado sobre las clases presenciales

El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, sigue haciendo los deberes para mantener el cargo que ocupa de manera irregular. (Dibujo: NOVA)

El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, sigue haciendo los deberes para mantener el cargo que ocupa de manera irregular. Esta tarde dio curso a los argumentos que presentó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las clases presenciales, oponiéndose a la normativa de la Casa Rosada.

Ahora la Corte Suprema, que le había girado las actuaciones para solicitarle una opinión no vinculante, deberá dar el veredicto final. Aunque la Argentina se encuentra colapsada por los contagios y las muertes por Covid-19, y las unidades de terapia intensiva (UTI) estén al borde del agotamiento en el AMBA, Casal afirma en su dictamen que: "No es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general".

Tal como es sabido, los expertos reiteraron que el principal problema no se encuentra dentro de los colegios, sino en la circulación de millones de personas que implica la educación presencial.

Por si fuera poco, en los últimos días se reiteraron los fallecimientos de docentes por Covid-19 y se han debido clausurar decenas de burbujas educativas por casos positivos. Sin embargo, nada de esto conmovió al procurador del PRO, quien aseguró que las fundamentaciones del DNU "no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen".

Pero lo más destacado del dictamen pasa por la consagración de lo que realmente le interesaba a Juntos por el Cambio: sancionar una autonomía de la CABA con rasgos, prácticamente, de independencia respecto del Estado Nacional.

"Pienso que el hecho de que esta decisión se haya tomado primordialmente por motivos sanitarios y en ejercicio de facultades que, por lo demás, también ejerce de manera concurrente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no impide apartarse del paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjurisdiccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo", afirma taxativamente.

Si bien el dictamen de inconstitucionalidad no es vinculante, significa un sólido precedente que los Jueces de la Corte Suprema no podrán ignorar. Ahora todos los ojos están puestos en la resolución final que deberán tomar Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.

Y también en la necesaria reforma de la Ley de Ministerio Público, para impedir que un procurador Interino se mantenga largos años en un cargo estratégico –Casal lo ocupa desde 2017-, que el PRO mantiene como botín de guerra y utiliza a voluntad.

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