Este es el gran tema que ocupa y preocupa tanto al kirchnerismo más duro, que ve avanzar causas en su contra y les aprieta el zapato, como a la oposición, que acusa “impunidad” ante los hechos de corrupción K que tanto aquejan, principalmente, a Cristina Fernández de Kirchner.

Y es justamente el “perrito faldero” de Cristina, el senador neuquino y ex director de Inteligencia, Oscar Parrilli, quien prometió apretar más a los jueces, mediante la creación de esta comisión bicameral.

En medio de todo ese menjunje están el “títere” Alberto Fernández y sus inútiles funcionarios, quienes, por ejemplo, tuvieron que salir a dar rápidas explicaciones sobre el rol de esta comisión, como es el caso de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, a quien se le conoció poco y nada la voz durante estos meses de gobierno.

Ahora, la ministra judicial advirtió que, en realidad, la comisión no podrá tomarse la facultad de penar, ni remover jueces porque eso sería inconstitucional: “Es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias”, dijo.

Lo cierto es que no es casualidad que, días atrás, un ícono de la corrupción K como fue el empresario santacruceño, Lázaro Báez, quien se vio beneficiado con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, fuera condenado a 12 años de prisión, al igual que todos sus hijos.

Mientras tanto, también avanza la causa del “dólar futuro” donde la Justicia acusa a Cristina Fernández de “defraudación a la administración pública” porque “el patrimonio del Banco Central de la República Argentina sufrió pérdidas por un monto de 77 mil millones de pesos”, a raíz de una decisión administrativa (¿adrede?) durante su gobierno…