- Mariano, ¿dónde naciste?

- Soy cordobés de nacimiento, me crié un poco en Córdoba capital y otro poco en Villa del Rosario en la casa de mis abuelos.

- ¿A qué te dedicás?

- Trabajo en el Gobierno de Córdoba en un área específica de Seguridad Electrónica, básicamente administro un Centro de Control Operativo en donde se concentran cámaras de vigilancia de un complejo para jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, realizo diseño e instalación de sistemas de seguridad electrónica, telecomunicaciones y redes informáticas, y soy presidente de la Fundación Innovación Tecnológica y Social Argentina.

- ¿De qué trata el proyecto de ley de seguridad electrónica?

- Este proyecto es producto de una investigación que realizamos a través de la Fundación cuando nos surgió la pregunta “¿Qué tan vulnerable es la población a que los sistemas de seguridad que utiliza les resulten contraproducentes?”.

Primero hay que tener en cuenta que los sistemas de seguridad electrónica, como las alarmas y las cámaras, hoy son monitoreables de manera remota, o sea, que desde tu celular podés saber qué es lo que está sucediendo en el lugar en donde están instaladas en tiempo real. Esto involucra que estos equipos utilicen redes informáticas para que se realice la comunicación, después vimos que en un mercado tan amplio hay disponibles innumerable cantidad de equipos, muchos de los cuales cuentan con, digámoslo de alguna manera, puertas traseras, o sea, formas de ingresar a su configuración de manera remota sin ninguna restricción de seguridad. Pero no solo eso, sino que en el caso de los sistemas de cámaras la definición que presentan no sirve para identificar lo que se ve, más ampliamente nos preguntamos cómo es que se instalan este tipo de equipos, quién los recomienda y qué les pasa a las personas cuando compran estos elementos si no saben mucho de que se trata.

Ahí fuimos a ver qué sucedía con los que realizan las instalaciones, y ahí la cuestión fue un tanto más grave, la mayoría de los instaladores ni siquiera son técnicos, no cuentan con los conocimientos mínimos indispensables para realizar las instalaciones, ni de cámaras, ni de alarmas, ni de portones automáticos. En el caso de las redes informáticas encontramos un poco más de conocimientos, pero no muy significativos, y esto no fue lo peor, lo que es verdaderamente preocupante es que ni siquiera se sabe nada de esas personas, el usuario nunca sabe con quién trata, si de verdad sabe lo que está haciendo y si es una persona idónea al menos y que no se trate de un delincuente que primero te instala un sistema de seguridad y después usa todos tus datos para que te roben o si, aprovechándose de que la gente no conoce sobre lo que se le está instalando, puede generar fallos.

Hemos participado en muchas capacitaciones en empresas proveedoras y muchas veces los instaladores hacían preguntas que se relacionaban a la generación de fallos. ¿Por qué se pregunta sobre eso? Porque cuando no hay trabajo es muy simple hacer que el sistema falle para que el cliente te tenga que llamar y le arregles un problema que de antemano sabías que podías generar, y no solo eso, sino que muchas veces hemos visto en las noticias que justo cuando entraron a robar la alarma no funcionó o se abrió el portón automático solo o las cámaras no estaban grabando, y ni hablar de la cantidad de veces que vimos que el técnico de las computadoras de una empresa o de un particular saca datos de sus clientes y los divulga.

Hay que tener en cuenta que quien maneja tus equipos informáticos tiene acceso a tus fotos, tus videos, tus archivos, tus claves, cosas que son muy sensibles hoy por hoy y, al igual que los instaladores de seguridad electrónica, la mayoría de las veces los contrataste por un aviso, o sea ni sabes quién es.

Otra cuestión que encontramos es que la justicia no tiene ni la más mínima idea de que tantos sistemas de cámaras particulares se encuentran disponibles, no para acceder a ellas y verlas así como así, sino tenerlas georeferenciadas para casos como raptos, desapariciones de personas y hechos graves que necesitan celeridad en las actuaciones. Es ese contexto de investigación encontramos que en un alto porcentual de casos ingresar en un sistema de seguridad mal instalado o mal seleccionado solo lleva 5 minutos reloj, parece alarmante y lo es.

- ¿Qué estipula este proyecto de ley?

- Busca crear un registro de instaladores y que para poder ser un instalador se deba cumplir básicamente con tres requisitos: contar con certificado de buena conducta a nivel nacional; tener idoneidad técnica, o sea, contar con los suficientes conocimientos técnicos de que realmente se estudió lo que se pretende realizar, si no tienen estudio, el Estado los capacita; y tributar en el rubro en donde se trabaja.

Luego de cumplir esos requisitos se les otorga una licencia de instalador y esta licencia se publica en un registro web que puede ser consultado por los usuarios. Lo otro que se implementaría es que el usuario final reciba de parte del instalador todos los datos técnicos de lo que se instala, contraseñas y datos de configuraciones, en ese caso se hace un formulario con los datos para el cliente y un formulario para el registro de instaladores en el que el cliente le dice al Estado que todos los datos le fueron entregados por el instalador. En ningún caso se le da al registro los datos de configuraciones y cuestiones que son muy personales del cliente, pero no solo eso, cada instalación queda georreferenciada de manera reservada para un registro judicial.

Hoy en día el usuario no sabe quién le instala las cosas, no sabe si sabe sobre lo que le instala o si aprendió en un tutorial de YouTube, no recibe los datos de sus configuraciones y además no tiene un organismo en donde sacarse las dudas. La justicia no tiene ni idea de qué es lo disponible en una determinada zona en materia de cámaras y cuando raptan a alguien van casa por casa viendo qué es lo que hay, eso lleva días, horas y no es para nada ágil, sobretodo en hechos tan sensibles como la desaparición de una persona.

-¿Qué es el mapeo de cámaras de seguridad?

- El mapeo de cámaras de seguridad es, para decirlo de manera simple, saber en un mapa en qué lugares hay cámaras instaladas.

- ¿Qué podría aportar a la justicia en los casos de desaparición de personas?

- Esto le aportaría a la justicia un dato clave: saber en qué lugares tienen sistemas instalados les sirve para esclarecer un suceso con mayor celeridad. Si en un determinado lugar pasa algo y la justicia necesita tener más datos, al tener referenciado un sistema de cámaras sabrán que puerta deben golpear para pedir si les dejan ver las imágenes. Si eso pasa hoy no saben por dónde empezar, deben comisionar a alguien que de vueltas por todos lados y ver qué es lo que hay, cuestión que puede llevar días y personal, con el que muchas veces no se cuenta.

- Si existiera la ley, ¿hubiese modificado la investigación en el caso de Ivana Módica, la chica desaparecida y asesinada por su ex pareja en La Falda?

- Si existiese la ley no sé si hubiese modificado la investigación, pero sin lugar a dudas le hubiese dado velocidad al procedimiento. En el día 8 todavía estaban buscando si había cámaras en las zonas por donde supuestamente había pasado el auto del marido. Muchos han sido los casos, no solo el de Ivana, en el que se pedía que la gente aportase datos sobre imágenes de un determinado vehículo en una zona y un horario determinado, eso tendría una solución automática con la ley. Si la gente que ya tiene cámaras instaladas previo a la implementación de la ley, no las quiere registrar sería posible que se acuerde con la justicia que al no ser equipos registrados no tengan el valor probatorio en una causa.

Imaginate que con el acceso a la georeferencia es posible establecer un mapa de los tránsitos que se producen en determinadas zonas, creo que en este caso es muy posible haber podido establecer mejor el movimiento del vehículo del asesino y no andar buscando como locos por todos lados. En la medida en que pasa el tiempo, como la gente necesita sentirse más segura, adquiere más equipos de este tipo, por lo que llegado el caso esta georeferencia podría permitir identificar sucesos con mayor exactitud, siempre hablando de casos graves como desapariciones, raptos u homicidios, en los que el tiempo es apremiante, no solo para resolver el caso, sino porque la mayoría de los que instalan cámaras en sus casas tienen sistemas que guardan imágenes una semana y después se borran.

- ¿En qué otros casos serían de utilidad?

- En casos graves, sobre todo para no estar molestando a la gente en un robo de un celular solicitando el acceso a las imágenes cada vez que pasa. Si bien es posible de solicitar, ya que los equipos a los que se accedería serían de particulares, sería bueno que las cosas más leves no se incluyan, pero sí los raptos, las desapariciones, los homicidios y las cuestiones de género que hoy provocan la muerte de muchas personas.

- ¿Qué hace falta para que se sancione la ley?

- En 2017 cuando se comenzó a trabajar en el proyecto se hicieron presentaciones del boceto a legisladores y funcionarios provinciales del momento, luego hicimos una actualización incluyendo más tecnología, en base a los resultados de nuestras investigaciones. Esto lo mandamos nuevamente al Estado nacional como un proyecto más amplio de alcance federal y a la provincia de Córdoba.

En 2019 estuve dando una conferencia en Buenos Aires en la Universidad del Trabajo a los equipos técnicos del que ahora es el Presidente de la Nación y me dijeron que el año pasado iba a ingresar en la agenda legislativa, aunque nunca sucedió. En Córdoba, a finales del año pasado lo presentamos nuevamente pero a pesar de la insistencia todavía no hemos tenido novedades, aunque también lo hemos compartido informalmente con legisladores.

Lo necesario para que se analice y se trabaje en su sanción tiene dependencia directa del gobernador, en respuesta concreta a tu pregunta, es necesario que le interese a él que se trabaje en estas cuestiones.