Legislativas
Proyecto de ley

Alertan sobre el peligro del tráfico de órganos derivado de abortos provocados

Alberto Fernández, impulsor de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya es ley. (Dibujo: NOVA)

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley (Exp. 133/2021) que elevaría las penas mínimas previstas en la Ley N° 27.447 de Trasplantes, para el tráfico de órganos o tejidos y contempla una sanción agravada (el doble de la pena) para los tejidos de personas por nacer que se obtengan a partir de un aborto provocado. En el último caso, las penas serían de 4 a 10 años de prisión más inhabilitación de 8 a 20 años si se tratase de profesionales y auxiliares de la salud. Quedaría también prohibida la donación de tejidos fetales.

De este modo, se busca evitar que el comercio de órganos o tejidos de niños por nacer se convierta en otro incentivo para la realización de abortos.

El proyecto es de la autoría del diputado Francisco Sánchez (PRO, Neuquén) y fue avalado por sus compañeros de bloque, Gustavo Hein (Entre Ríos), David Schlereth (Neuquén), Natalia Villa (Buenos Aires), Juan Aicega (Buenos Aires), Martín Grande (Salta) y Alberto Assef (Buenos Aires). También se sumaron Vanesa Massetani (Frente de Todos, Santa Fe), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, Buenos Aires) y Carolina Castets (Coalición Cívica, Santa Fe).

Dice el expediente en sus fundamentos: “En julio del año 2015, el periodista de investigación estadounidense David Daleiden difundió unos videos en los que, simulando pertenecer a una empresa interesada en el tráfico de tejido fetal, mantenía reuniones con médicos, ejecutivos y personal de empresas de la industria del aborto -entre ellas, Planned Parenthood- y discutía distintos aspectos relativos a dicha actividad”.

“Los videos y otros documentos adquiridos por Daleiden desgranaban la relación existente entre las compañías de comercio de tejido fetal y diversas clínicas abortistas, y mostraban a ejecutivos de estos establecimientos admitiendo que los acuerdos de obtención de material fetal eran rentables para las clínicas abortistas, e incluso reconociendo haber cambiado en ocasiones el procedimiento a los fines de obtener un `espécimen más intacto´ y haber utilizado para esto procedimientos ilegales de parto-aborto”.

“A raíz de estos hechos, el Congreso de los Estados Unidos realizó una serie de audiencias e inició diversas investigaciones sobre el tema, que luego fueron centralizadas en un grupo especial de investigación de la comisión de Energía y Comercio, creado por una resolución de la Cámara. El grupo especial de investigación tenía como misión indagar a fondo diversas aristas del entramado del negocio de venta de tejido fetal y comunicar los resultados a la Cámara, redactando un informe final en el que se expusieran las conclusiones y se elevaran recomendaciones. La tarea del grupo especial versó sobre el “modelo de negocios” de distintas compañías e instituciones ligadas a este negocio”.

“La investigación demostró la existencia de un entramado de compañías que obtenían tejido fetal de distintas clínicas abortistas y lo suministraban a demanda a investigadores de todo el mundo”.

“La experiencia de la investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos nos permite conocer en gran medida el funcionamiento del entramado del tráfico de tejido fetal, y proponer las medidas adecuadas para prevenirlo. Entre otros aspectos relevantes, demostró la utilización fraudulenta o simulada del instituto de la donación para encubrir lo que en realidad era una compraventa”.

“Es por eso que, a los fines de atacar el problema en su raíz, proponemos penalizar la donación de tejidos de personas por nacer fallecidas producto de un aborto inducido, prohibiendo la transmisión de sus restos mortales a título gratuito y oneroso, y resultando como única opción un entierro digno, acorde a su dignidad humana”, dice el texto citado por notivida.org.

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