No solamente hay una sumatoria de quejas por parte de los conductores, quienes son letalmente presionados por causa de la burocracia que se vierte en Transporte y Tránsito. También le remarcan al intendente Guillermo Montenegro por la falta de obras viales y la detención de otras, sin motivo aparente.

Los ejes se vierten en la comunicación que aprobaron los Concejales el 3 de diciembre unánimemente, en base a un proyecto de la radical Vilma Baragiola. Por un lado, el estado actual del Convenio Marco de Cooperación Técnico Institucional y su Convenio Específico N°1, firmado en su momento con la Universidad Tecnológica Nacional – Regional La Plata, quien a su vez subcontrató a la firma CECAITRA.

Por otra parte, los motivos por los cuales se ejecutaron las fotomultas registradas, más allá de que no cuentan con el análisis y evaluación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del Convenio de Fotomultas. Dicho espacio conformado por tres concejales y dos funcionarios del Ejecutivo tiene la función central de evaluar la correspondencia de las infracciones, pero sin embargo se reunió por última vez el 29 de noviembre de 2019.

Tras ello, se venció el mandato de los representantes del Ejecutivo, tras la salida del ahora ex intendente Carlos Arroyo, como así también caducó el mandato de los concejales Marcelo Carrara y Santiago Bonifatti, mientras que Cristina Coria renunció. Recién en junio de 2020 Montenegro nombró a los dos nuevos integrantes que de él dependen: el Director General de Transporte, Guillermo Iglesias, y el entonces director general de Análisis Estratégico del Delito, Ignacio Cicchelo.

A pesar de que los directivos ordenantes fueron nombrados, el HCD decidió, de forma polémica, no avanzar en la designación de sus autoridades, a la espera de conocer la situación sobre el convenio. El tiempo además arrojó otras novedades: Cicchelo se alejó del Gabinete conjuntamente con su padrino político Darío Oroquieta, “renunciado” en noviembre de 2020, mientras que Iglesias hoy tiene un pie afuera del Gabinete.

El Club de los Heridos presiona al Gobierno municipal, con respecto a que se dé un avance orden, ya que las desprolijidades son varias. ‘‘no sorprendería mucho en que este sábado haya alguna pancarta pidiendo por la cabeza del intendente también’’, aseveraron en los pasillos de la Municipalidad.

Una de las posibles llaves la tiene el propio Bonifatti, quien debe transparentar en su respuesta cuál es la situación y los motivos por los cuales a los habitantes de General Pueyrredon le siguen llegando las multas pese a no tener, presuntamente, validez legal.

Mientras tanto, desde el año 2019, el Gobierno de Montenegro ya presentó respuestas a 25 pedidos de informes sobre múltiples temáticas. El de las fotomultas duerme plácidamente perdido en algún cajón del Palacio Municipal.