El columnista invitado
Para desarmar Mamushkas

La nueva regulación de transparencia corporativa que atemoriza a los grandes empresarios locales

Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas.

Por Jorge Elbaum, especial para NOVA

El primero de enero de 2021 se aprobó en Estados Unidos el Acta de Transparencia Corporativa (CTA, por su sigla en inglés) que exige a los empresarios el detalle nominal de los genuinos propietarios de las sociedades anónimas, incluso en determinadas guaridas fiscales.

La medida superó un veto de Donald Trump y culminó con diez años de resistencias de los lobbies transnacionales, empecinados en obstaculizar el acceso al registro sobre los beneficiarios de sus actividades.

La normativa exige identificar en forma pormenorizada y actualizada a las personas físicas que se encuentran muchas veces solapadas detrás de codificaciones bancarias que hacen imposible la detección y/o localización de sus titulares.

Según los fundamentos de la nueva regulación “formar una empresa en Estados Unidos requiere menos información que para obtener una cuenta bancaria; en la mayoría de las ocasiones el nombre del titular/beneficiario se encuentra ausente”. Las sanciones previstas por el CTA para quienes no informen en forma fidedigna incluyen la condena a prisión por dos años y multas proporcionales a la magnitud de la empresa cuyos datos son omitidos. La compilación de los registros será realizada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), que asumirá la responsabilidad de sistematizar los datos y denunciar las omisiones, ocultamientos o tergiversaciones.

El CTA es una respuesta al incremento de la economía negra dentro de Estados Unidos, el lavado de dinero del narcotráfico, el contrabando, la comercialización ilegal de armas y la elusión fiscal. Cinco de las guaridas más importantes del mundo tienen sede en sus Estados: Delaware y Wyoming brindan la posibilidad de inscripciones con directorios simulados; Dakota y Florida ofrecen secretismo y confidencialidad; y Nevada, confidencialidad y blanqueamiento a través del juego.

Además, otros territorios offshore como las Islas Caimán o las Vírgenes también responden a la tutela del Departamento de Estado. Esta es la razón por la que los países periféricos padecen más la fuga de capitales que los centrales: las guaridas fiscales se convierten en territorios de reconversión y blanqueamiento para reingresar al sistema en formato de fondos de inversión, acciones o títulos públicos.

Las grandes fortunas eluden la tributación al tiempo que la economía negra se reconvierte en inversión como producto del lavado de activos. Para poner en evidencia la complacencia brindada por las instituciones financieras estadounidenses para fundar empresas fantasma, la periodista de investigación Natasha del Toro –integrante del portal Fusión– fundó un emprendimiento con anonimato corporativo extenso, en Delaware, a nombre de su gata Suki, sin brindar ningún dato identificatorio de su futuro accionar, la proveniencia de los fondos y los antecedentes de sus verdaderos propietarios.

Según la Tax Justice (TJ), una entidad internacional que monitorea la fuga de capitales, Estados Unidos se encuentra primera en el ranking de blanqueo de capitales y elusión fiscal, en términos de magnitud. Washington representa el 21,37 por ciento del mercado mundial de servicios financieros offshore, pero el hecho de que las guaridas fiscales cohabiten dentro de su territorio permite que la economía no deje de contar con dichos recursos como potenciales fondos de inversión. El índice de secreto financiero elaborado por TJ consideró a Washington –en 2020– como el segundo lugar en el mundo más amigable para lavar dinero.

Piedra libre

Cada año, dentro de Estados Unidos, se canalizan más de 100.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Dentro de ese país está el mayor mercado de consumo de drogas lícitas e ilícitas del mundo y los resultados de ese negocio ilegal se canalizan inicialmente dentro del mercado financiero. Según el National Institute on Drug Abuse (NIH) hay 24,6 millones de estadounidenses que abusan de estupefacientes, motorizando una economía subterránea que se reinvierte a través de empresas fantasma. Parte de esa liquidez es también derivada hacia la industria del juego –presencial en Las Vegas, o virtual– y es conducida hacia las sociedades anónimas que la nueva normativa exige individualizar, especificar y detallar.

Desde 1980, el 1 por ciento más acaudalado del mundo redujo un 79 por ciento su aporte tributario gracias a la flexibilización impuesta por las lógicas neoliberales que dificultan el control sobre los movimientos de dinero. La libre circulación de capitales es funcional a las guaridas fiscales, el lavado de activos, la fuga de activos y el incremento de la economía negra. Nueve de cada diez empresas multinacionales, según Oxfam Intermón, derivan una importante porción de sus recursos hacia dichas guaridas, en el marco de ingenierías contables destinadas a no ser descifradas, con nominaciones codificadas.

Para 2017 se consideraba que el 10 por ciento del PBI mundial se encontraba escondido en guaridas fiscales. Dentro de ese conjunto figuran los grandes empresarios argentinos que evaporan cada año –desde la década del ‘80– entre un 5 y un 20 por ciento del PBI, evadiendo en total un monto equivalente a un PBI completo por fuera de la economía local. Argentina cuadriplica el porcentaje de fuga respecto a Brasil y, en el lapso que va de 2008 a 2019, se evaporaron 170 mil millones de dólares, con un máximo –durante el macrismo, 2016-2019– de 85 mil millones de dólares.

Según un informe de la organización Oxfam, las mamushkas sin registro de beneficiarios residentes en guaridas albergan más de 8 billones de dólares (equivalente al 10 por ciento del PBI mundial), lo que implica pérdidas de 190 mil millones de dólares al año a los erarios fiscales globales. Ese monto es superior al PBI del Reino Unido y Alemania juntos, y permitiría eliminar el hambre a nivel mundial. Estados Unidos es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no intercambia información con los integrantes de ese colectivo, dado que sus autoridades se niegan a sumarse al Common Reporting Standards (CRS), conformado por 89 países, entre ellos Argentina.

Dado que el CTA impacta en una parte relevante del tejido corporativo internacional, es muy probable que sus regulaciones movilicen a otros países a imitar la normativa, adecuando sus exigencias a las características propias de cada economía. Quizás América Latina puede usufructuar la resonancia de la CTA para optimizar los controles indispensables sobre las grandes fortunas y las corporaciones transnacionales, cuyo designio primordial consiste en esquivar las contribuciones fiscales. Si al mercado no se lo regula, el mercado te ajusta.

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