Provincia de Buenos Aires
Manejos turbios

El Evita (Mariel Fernández) intenta una vez más quedarse con el negocio de la basura en Moreno

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Por Gustavo Ladelfa. Publicado en Tribuna de Periodistas

La falta de previsión, la ineptitud y el apuro hacen que esta gestión en Moreno cometa graves errores de cálculo. Ahora se pusieron en contra al menos 16 barriadas, barrios cerrados, y countries de la zona Reja Grande.

Es que los vecinos se enteraron de que la gestión de Mariel Fernández (Movimiento Evita), tiene planeado a futuro instalar una planta de transferencia de residuos en lo que fue codificado previamente como un corredero industrial; hoy transformada en una zona densamente poblada.

Debemos remontarnos al origen de la propiedad de la tierra, supuestamente delegada al municipio por la firma Granja Iris en alguno de los periodos de Mariano West como intendente. No fue casual que el código de zonificación fuera totalmente modificado por el arquitecto Alejandro Micieli (ex administrador del IDUAR y socio de West) allá por 2011.

En dicha recodificación, la locación afectada fue nomenclada como zona Industrial 1, pero los alrededores terminaron siendo asiento de barrios de autogestión como el Don Enrique, otros de acceso con los créditos Procrear (1 y 2) mezcladas con grandes extensiones destinados a barrios privados y clubes de Campo.

Continúa siendo llamativo el emplazamiento de una estación de servicio perteneciente al grupo EMFACO en el ingreso al lugar, en donde cargan combustible desde hace mucho tiempo todos los vehículos oficiales del municipio, como así también los camiones de residuos, vehículos pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires y los de la guardia urbana, más los móviles particulares de funcionarios desde el Intendente a los familiares.

La vasta zona afectada fue pensada en beneficio de los West, los Micieli más algunos propietarios de importantes inmobiliarias locales, que haciendo uso y abuso de la información reservada del catastro municipal, se fueron apropiando de la tierra con algún valor en toda la extensión de Moreno.

A esta altura no es menester aclarar que toda la jurisdicción carece de los servicios públicos esenciales para la vida, la infraestructura brilla por su ausencia, no hay red de agua corriente ni de cloacas, tampoco de gas natural; ni siquiera el transporte público de pasajeros que trasladen desde allí a los aproximadamente mil chicos que deben concurrir a otras escuelas, a falta de establecimientos escolares, salas de salud, y destacamentos policiales. Ni que hablar de las calles adyacentes, en su mayoría de tierra y en pésimas condiciones de transitabilidad.

Los vecinos movilizados aclaran en todo momento, que no se oponen a la planta de transferencia; sí al lugar escogido. Los funcionarios municipales aducen que la locación es la única que está en propiedad del estado, faltando a la verdad desde el comienzo. Es que Damián Falfan (Movimiento Evita) subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria (¿?), parte de una premisa falsa. Comienza diciendo que Moreno cuenta con seiscientos mil habitantes, cuando en realidad el Censo de este año no debería arrojar menos de un millón. De allí parte el error en el cálculo del residuo provocado. Si la cuenta establecida por los aficionados puestos a ambos lados del mostrador, marca que cada persona en la localidad desecha aproximadamente 800 gramos de basura por día; ya no serían 500 toneladas por día de traslado permanente (24x365). Menos aún tres camiones/hora como aseguró Falfan que pasarían.

Si bien cierto que cada municipio deberá hacerse cargo de la basura que produce (el CEAMSE no da más), los plazos establecidos se han roto permanentemente (2023), ante la imposibilidad de los distritos de efectivizar una planificación de separación en origen de los residuos domiciliarios, si han mostrado gran interés en el negocio millonario que engloba el tratamiento de la basura en destino. Hacia allí apuntó los cañones Mariano West cuando entró en conversaciones con el grupo Socma (Macri), también lo hizo el actual frontman del bloque oficialista del HCD, Lucas Franco, cuando le fue con el cuentito al anterior intendente Walter Festa, ni que hablar del Movimiento Evita, que intenta ahora quedarse con la planta a través de su ejército de cooperativas truchas alimentadas permanentemente durante el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.

Falfan mencionó en la reunión con los vecinos que están trabajando en este momento con la Cooperativa 2 de Setiembre (reciclado), que junto a Ayelen (construcción) son las puntales del Movimiento Evita y aún continúan recibiendo cuantiosos fondos del Gobierno actuante. En suma, intentan por todos los medios que una cooperativa fantasma se quede con la futura planta de transferencia, adueñándose del pliego licitatorio con el dinero espurio arrebatado al estado, producto de la extorsión permanente de la que hace gala Juan Grabois, Emilio Pérsico, Fernando Navarro y otros; hoy jueces y parte del desmadrado gobierno de Alberto Fernández.

Resta conocer el impacto que produjo la protesta en el seno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo de un neófito como Juan Cabandie Alfonsin de La Campora (vio bancos de peces en el riachuelo en 2013), que deberá hacer equilibrio entre la oposición de los vecinos y el aporte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que una vez más financiará una obra para Moreno, (doscientos quince millones de pesos) que solo se destinarán a la aprobación del proyecto y el diseño de la planta.

Quien gane la oferta, construirá la planta y con ello el blanqueo de todo el dinero robado a los contribuyentes argentinos; para luego obtener más poder y volver a interferir en la política. Ellos saben cómo nadie, que el país tomará otro rumbo en los próximos años y que ya no habrá recursos del estado para llegar a la revolución tan ansiada.

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