Asimismo, quien gane la licitación (las ofertas pueden presentarse hasta el 20 de enero de 2021 a las 12:00 horas), deberá brindar información sobre las “menciones a temas relacionados al ámbito ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la República Argentina, las provincias y el mundo que sean determinados por la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Sostenible de la Ssecretaría de Ambiente”.

Sin embargo, aunque se quiera encubrir con una auditoría sobre temática ambiental, el objetivo es más bien buscar el posicionamiento de los funcionarios de esa cartera en plena interna del PRO, dado que el servicio deberá desarrollar también “un análisis integral de la gestión, sus actos de gobierno y los supuestos servicios brindados a la comunidad con su repercusión e incidencia”.

Lo que también generó revuelo es que además, el servicio, según consta en documentos oficiales, “deberá proveer el acceso a una plataforma de consulta de las noticias de todos los medios auditados” con “una actualización constante de forma “on line”, con un delay no mayor a una hora de su publicación, para acceso de hasta 10 usuarios, durante las 24 horas”.

Para que no quede manchado todo un organismo por este millonario gasto, habría que poner algunos nombres propios para poder enmarcarlos además en la interna del partido que lleva casi 14 años gobernando la capital del país.

La licitación es impulsada por la Dirección General para la Promoción del Desarrollo Sostenible, que está a cargo de Alejandro Pérez, un licenciado en Administración Pública egresado de la UNSAM que se desempeñó como presidente de la junta comunal de la Comuna 14, luego Gerente Operativo del Parque 3 de Febrero.

Asimismo, la dirección que impulsa esta licitación depende de la Subsecretaría de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible, comandada por Juan Pablo Limodio, un abogado egresado de la UCA y que anteriormente se había desempeñado como Subsecretario de Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (2016-2019), que tuvo su salto a la fama por un triste hecho: fue el señalado por ex combatientes de Malvinas cuando fueron desalojados violentamente por el gobierno porteño del acampe que sostuvieron por 10 años en Plaza de Mayo.

Otro nombre a tener en cuenta de este entramado es Eduardo Machiavelli. Se trata de un contador público que luego de ser director general Finenciero Contable en la Legislatura porteña, llegó a la Subsecretaría Control de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2011, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Desde 2015 hasta el 2019, se desempeñó como Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño. Su CV tampoco está en blanco, ya que fue señalado en 2017 por irregularidades en la licitación porteña para la renovación de 35 mil luminarias LEDs por un monto de 30 millones de dólares. Fue la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) quien levantó la sospecha de que esa licitación fue una estrategia para abrir el camino a firmas como la empresa Phillips.

Ahora, este trío parece tener intenciones de escalar y, para ello, van a buscar posicionarse y sacar ventaja de otros dirigentes, aprovechando la posibilidad de gastar el dinero de los impuestos de los porteños en su propia campaña.

¿Estará al tanto Rodríguez Larreta?