Legislativas
Polémica ley

Aborto legal: agrupaciones provida denunciarán al Gobierno por "genocidio" y "exterminio sistemático"

El ministro Ginés González García, defensor de la criminalización de la vida del niño por nacer. (Dibujo: NOVA).

Tras la promulgación de la ley de aborto legal en Argentina, oficializada por el Poder Ejecutivo este jueves, organizaciones “celestes” señalaron no se quedarán de brazos cruzados y recurrirán a la Justicia para solicitar la "inconstitucionalidad" de la polémica norma y denunciar al Estado por "genocidio" y "exterminio generalizado y sistemático".

Para tal fin, la Fundación Más Vida (FMV) ya está preparando una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal contra la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE), que avala la eliminación de la vida de seres humanos en el vientre materno, por simple voluntad de la mujer embarazada hasta la semana 14 inclusive, y fuera de ese plazo, en cualquier momento del embarazo invocando causales. Preceptos que atentan contra normativas de orden constitucional, que reconocen el derecho a la vida desde la concepción.

Además, desde la misma fundación se está elaborando una denuncia penal contra el Gobierno Nacional por genocidio, ya que ​​"desde el aparato estatal se está impulsando el exterminio generalizado y sistemático de seres humanos inocentes mediante el crimen del aborto, investido ahora de legalidad. Tal proceder resulta a todas luces un crimen de Estado", argumentaron desde la entidad.

La nueva ley

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

Establece además que el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para eso deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación.

Por último, obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Lectores: 1158

Envianos tu comentario

Nombre:
Correo electrónico :
Comentario: