Economía y Empresas
Tan solo fueron falsas promesas

Juntos le mintió a sus votantes: el Gobierno porteño lanzará un impuestazo a la construcción en Capital Federal

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal preparan un proyecto de ordenanza de "plusvalía urbana" que afectará en gran parte al sector inmobiliario. (Dibujo: NOVA)

En la basura se quedaron las promesas de Juntos por el Cambio a sus votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el sector inmobiliario porteño vuelve a estar en la mira del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. A solamente una semana y media de las pasadas elecciones legislativas, volvió a traicionar a su electorado y propone un fuerte aumento tributario sobre la construcción en la Capital Federal.

El proyecto fue presentado por María Inés Gorbea, perteneciente al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), en JxC. La iniciativa busca modificar la Ley de Plusvalía Urbana por la cual el Gobierno porteño cobra un impuesto sobre el valor adquirido por edificabilidad.

El nuevo código urbanístico de 2019 permitió un avance en la edificación sobre muchas parcelas, y a cambio el Gobierno de CABA implementó un tributo sobre esa ganancia adicional. En otras palabras, flexibilizó solo algunas rigideces para el desarrollo urbano, pero a cambio estableció un gravamen penalizador.

La propuesta de la UCR porteña implica aumentar violentamente la base imponible sobre la cuál se aplica el impuesto a la plusvalía urbana. El tributo, que hasta el momento solo alcanzaba entre el 15 y el 30 por ciento de la valorización imponible, subirá hasta el 100 por ciento de la misma. Esto constituye un potente desaliento al desarrollo inmobiliario en la ciudad.

Los recursos generados por este aumento impositivo serán destinados al Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (FODUS) cuya función es, según las propias autoridades porteñas, garantizar el "desarrollo urbano equitativo". Los recursos serán dirigidos y administrados por la burocracia estatal.

Hasta ahora, muchos aumentos impositivos fueron justificados desde el oficialismo porteño a partir de la evolución inflacionaria. Diversos diputados electos por JxC aseguraban que simplemente se buscaba una justa actualización de los gravámenes de suma fija, y no constituían un aumento real. Sin embargo, esta vez no caben dudas: la iniciativa del oficialismo porteño es lisa y llanamente un aumento tributario.

Las medidas llegan en momento sumamente inoportuno para la Ciudad de Buenos Aires. La ley de alquileres, también apoyada inicialmente por Juntos por el Cambio, provocó una importante retracción de la oferta inmobiliaria y una fuerte presión para los inquilinos. Las nuevas medidas contra la construcción generarán otro shock negativo sobre las familias porteñas.

Se espera que el proyecto del radicalismo encarezca fuertemente el precio de la tierra en CABA sobre zonas especialmente atractivas para el desarrollo inmobiliario, en última instancia impactado negativamente sobre el acceso a la vivienda.

El Gobierno porteño se defendió de todas las críticas y, contra lo que parece ser una obviedad, afirmó que no se trata de un nuevo impuesto. Para justificarse, JxC explicó que los recursos adquiridos serán utilizados para fomentar el crédito hipotecario coordinado desde el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, alegaron que las medidas no tendrás un impacto negativo.

La respuesta del oficialismo trató de justificar el aumento impositivo con la compensación de un “subsidio coordinado”, pero a grandes rasgos constituye otra intensificación de la intervención estatal en CABA. Los subsidios sobre el crédito hipotecario (efectivos o no) no pueden ocultar el hecho de que JxC no cumplió con sus promesas para ese 47 por ciento de los porteños que confiaron en su espacio el 14 de noviembre.

En lugar de que los recursos sobre el sector inmobiliario y la construcción se apliquen en función de las reglas de libre mercado, el Gobierno de JxC pretende dirigir hacia dónde y de qué manera se canalizarán los recursos obtenidos del gravamen. Desde la UCR plantearon sus intenciones por "avanzar hacia una ciudad más equitativa", confiando en la administración estatal de los recursos urbanos y aplicando otro impuesto más para el sector privado.

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