La modificación a la ley 402, que asigna competencias a la Justicia porteña en abierta contradicción con la Constitución Nacional, fue aprobada solo con los votos del oficialismo y sus aliados. La de juicio por jurados sumó también el respaldo del Frente de Todos, con la única oposición de la izquierda.

Desde la Asociación de Magistrados llamaron la atención sobre esa contradicción. "Lo llamativo es que siendo la misma irregularidad, los votos de algunos legisladores fue diferente según el tema. Es un tema político y a nosotros no es eso los que nos impulsa. En ambos casos la irregularidad es la misma".

Y destacaron: "Esa es la mirada política del tema. Que no es menor para ver las distintas miradas sobre la misma irregularidad. Esta me conviene la apoyo, pero la otra no".

La iniciativa del oficialismo beneficia a la familia Macri en la causa del Correo Argentino, ya que el TSJ tiene una relación muy estrecha con el ex presidente: los dos nuevos miembros del tribunal fueron funcionarios del macrismo y la presidenta fue propuesta por el ex mandatario nacional para el cargo de procuradora, aunque sin éxito.

Además de la Asociación de Magistrados, el Colegio Público de Abogados porteño también manifestó su desacuerdo. "Sigo pensando en la ley inconstitucional de la Ciudad que incorporó una nueva instancia. Si el superior de la Justicia ‘nacional' sería el TSJ ¿Por qué su mantenimiento seguiría en cabeza del Estado Nacional y no de la Ciudad? ¿Jefe con guita ajena? Así cualquiera es autónomo", se preguntó el referente de la Agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo.

Una polémica legislación, contrastante con la Constitución Nacional, que pone en cuestión el orden institucional de la Argentina. Un debate que recién se inicia.