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Polémica

Salta: ¿Apriete al Gringo para que duerma la "Ficha Limpia"?

Antonio Marocco es el vicegobernador de la provincia y, por ende, presidente del Senado local.

Que el movimiento dentro de la Cámara de Senadores de Salta y el círculo en el que se maneja sea un total misterio para muchos, no es algo nuevo. Ahora, que los representantes departamentales demoren meses completos para tratar un proyecto no menos polémico, también despierta muchas dudas en la sociedad salteña. ¿Qué esconden? ¿A qué le temen? Desde el interior un asistente o AP de un senador, quien prefirió mantener el anonimato, sugirió que hay una fuerte presión sobre el presidente de la Cámara para que este proyecto permanezca cajoneado. Y si, obvio, sino se les termina el curro a varios.

Antonio Marocco es el vicegobernador de la provincia y, por ende, presidente del Senado local. En el ámbito político se rumorea que es él quien tiene en sus manos la facultad para tratar o no el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, aprobado por amplia mayoría en su proceso de revisión, e insistió en que el Senado le de sanción a la idea aprobada por la Cámara Baja ya en noviembre del 2020; es decir, hace un año. Una de sus impulsoras, la diputada Laura Cartuccia, es de las más insistentes en que este proyecto se apruebe, lo que perjudicaría claramente a muchos de sus compañeros.

Solamente por nombrar algunos casos en los diputados locales, tenemos al vicepresidente primero de aquella Cámara, Ignacio Jarsún, quien sigue adeudando rendiciones de cuentas en su municipio, Rosario de Lerma, en la época en la cual era intendente desde el 2015 hasta el 2019; su amigo Omar Exeni quien fuera acusado por haber cobrado del fondo de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) tras inscribirse como empleado de su propia empresa y cuyos pares se negaron a investigar; Adrián Valenzuela recientemente expuesto por distintos trabajadores a quienes no les pagó por trabajos realizados por lo que fue denunciado por estafas; Osbaldo Acosta por solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el año pasado; Héctor Chibán por encubrimiento de crímenes o el sureño Gustavo Orozco quien enfrenta distintos procedimientos judiciales en su contra tras su paso por la fuerza policial provincial.

En el Senado tampoco son unas carmelitas descalzas. Sergio Ramos, alias el “Topo”, logró mantener su banca tras una reñida lucha contra la denunciadora serial de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos. El “Topo” está imputado por peculado por los fondos aportados por la Provincia para la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de empresa social cuyo fin era la construcción de casas prefabricadas en el humilde barrio Islas Malvinas. La justicia incluso pidió su desafuero. Otro que está complicado es el legislador por Metán, Héctor D’Auría, quien este año estuvo envuelto en un incidente que involucró la utilización de armas de fuego; o el vicepresidente primero del Senado quien fue acusado por un diputado de desviar millones de pesos por mes, o tras verse involucrado en un caso de narcotráfico en donde fue detenido su hermano y un sobrino.

Si bien el proyecto busca que nuestros representantes tengan un pasado intachable a la hora de ejercer la función pública, hecha la ley, hecha la trampa. Dicen en los pasillos que el Gringo tiene en sus manos la posibilidad de limpiar de una buena vez a parte de la política salteña, el tema está en las presiones que recibe el vicegobernador que al parecer sen muchas. Habrá que seguir esperando y, mientras tanto, seguir viendo como los legisladores se creen impunes ante las diferentes injusticias que protagonizan. Dios y la patria deberán demandárselo.

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