No es novedad que los políticos argentinos tienen la idea fija en la toma de poder, y una vez que alcanzan esa meta, van por la perpetuación de un modelo. Y en época electoral, ya es una regla que omitan la problemática de la inseguridad, que día a día provoca nuevas muertes, especialmente en focos de delincuencia como el conurbano bonaerense y Rosario, aunque sin exceptuar otras zonas del país.
Este miércoles 13 de octubre, la brutalidad asesina se llevó la vida de Lucas Cancino, un adolescente de 17 años que fue atacado en Quilmes cuando salía de su casa para ir a la escuela. En un intento de robo, un salvaje le clavó un puñal en el corazón, ocasionándole la muerte casi al instante. Una muestra más del horror que se vive en las calles, tomadas por los delincuentes.
¿Qué ocurrió luego? Lo de siempre: los responsables de garantizar la seguridad de la población comenzaron a pasarse la pelota como una papa caliente que nadie quiere tocar, en un intento de echar culpas a otro.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien días antes estaba muy entretenido amenazando al humorista Nik en Twitter, dijo que "se necesita un poco de colaboración y esfuerzo de la Justicia" a raíz de que uno de los acusados del crimen del joven tenía antecedentes penales y fue liberado. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló: “Ni pongo presa a la gente ni la libero; es un tema de la Justicia”, como si no tuviera el poder, siendo mandatario provincial, de impulsar un cambio de leyes. Y el presidente Alberto Fernández, bien, gracias. La familia de la víctima aún sigue esperando un gesto noble de su parte, en medio de tanto dolor.
En este contexto, la rueda de responsabilidades sin asumir gira infinitamente mientras sigue muriendo gente en manos de criminales. La clase dirigente culpa a los jueces, y éstos responden argumentando que sus decisiones se toman en el marco de leyes que parecen estar siempre del lado del que delinque, y jamás del indefenso.
¿Para cuándo, entonces, un cambio en el Código Penal? Los gobernantes probablemente piensen que les llevaría mucho trabajo llevar esta ardua tarea adelante, mientras están ocupados en imprimir los papelitos de colores que debemos depositar en las urnas, con los mismos nombres de los mismos ineficientes de siempre, en un país que añora una fuerza renovadora de verdad. Una Argentina que entierre a los espacios políticos que ya demostraron que no sirven, para dar lugar a dirigentes que quieran un país en serio, donde el ciudadano pueda vivir tranquilo. El enfrentamiento sistemático y enfermizo reflejado en la grieta hasta ahora no lo ha permitido.
Según indica un reporte de World Population Review, Argentina integra el top 20 de países con mayor tasa de delincuencia del mundo. Los robos no son suficientes para las almas criminales que andan al acecho en busca de una nueva presa a la que terminarán destruyendo, como así también a sus familias, en un nuevo rapto de furia asesina producto de la impunidad que les brinda la Justicia, avalada por un Poder Ejecutivo que hace oídos sordos a los gritos de dolor de tantos argentinos que sufren la muerte de sus seres queridos.
Mientras tanto, las calles siguen gobernadas por máquinas homicidas para quienes las vidas ajenas -como las propias- no valen nada, anulando por completo el accionar policial, que a esta altura ya no sabe con qué herramientas y con qué coraje afrontar su labor, sin que terminen siendo juzgados por “gatillo fácil”. En Argentina, los “derechos humanos” solo rigen para los criminales.
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