Opinión
Puntos de vista

Otro capítulo de la democracia fraudulenta

Miguel Angel De Renzis

Por Miguel Angel De Renzis, especial para NOVA

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y el juez German Castelli no comparecieron frente a la Comisión de Acuerdos del Senado como sí lo hicieron otros varios colegas. Tenían que explicar los traslados no muy claros durante el gobierno de Macri que terminó como resultado en la investigación de las fotocopias de los cuadernos.

Los senadores enviaron una nota al Consejo de la Magistratura y según la Constitución Nacional le puede caber hasta un juicio político.

El bloque de Cambiemos no participó. Pero esto no es nuevo, sobre todo desde el radicalismo.

Cuando saben que no pueden tener mayoría no participan de las sesiones y existen antecedentes tan graves como cuando retiraron a sus convencionales constituyentes que habían sesionado desde el 24 de enero de 1949 para la reforma de la Constitución de 1853 con su reforma de 1860, 1866 y 1898, la que fue sancionada el 11 de marzo de 1949.

El 8 de marzo de ese año se retiraron de la Convención, en la tercera sesión. Y a propósito de la Constitución de 1949, en la Argentina de la democracia fraudulenta se dio el caso insólito, sin antecedentes jurídicos de ninguna especie, que la constitución sancionada después que los convencionales habían sido elegidos como corresponde por el voto ciudadano, el golpe cívico militar de 1955 que instaló la dictadura de Lonardi, Aramburu y Rojas, la derogó el 27 de abril de 1956, con una proclama de facto.

Para tratar de legalizar la democracia fraudulenta del golpe de estado, llamaron a una Convención Constituyente, con el peronismo proscripto, que se realizó en Santa Fe, donde se volvió a producir el retiro de radicales. Esta vez se fracturó el partido.

La intransigencia encabezada por Oscar Alende se retiró con gran parte de los convencionales, que terminaron después en la Unión Cívica Radical Intransigente UCRI y los que se quedaron formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, que en otro acto fraudulento convalidaron lo del golpe de la fusiladora.

Dicho sea de paso, si alguna vez se hubiese reimplantado la vigencia de la Constitución del 49 se hubiesen caído todas las privatizaciones y el endeudamiento externo sería fraudulento.

Pero lo más grave ocurrió en 1994, cuarenta y nueve al revés, donde en el Palacio San José de Entre Ríos, cargado de símbolos de la masonería, se juró después del Pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín, la Constitución hoy vigente.

Allí con mayoría justicialista, y presidida la Convención por Eduardo Menem, se habló de la Constitución de 1850, sus reformas y pactos preexistentes, PERO SE OMITIÓ DE FORMA IMPERDONABLE la mención a la de 1949.

Y el secreto estaba en que esa Constitución, la primera en el mundo en establecer los derechos humanos, guardaba entre sus articulados el artículo 40, que textualmente dice:

Art. 40: – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Obviamente lo que estaba en marcha era el acuerdo para que las provincias pudieran administrar sus riquezas minerales comprando con esta idea el silencio cómplice de los convencionales peronistas y de toda la oposición.

En 1976 con el último golpe de estado, otra vez derrocando un gobierno justicialista, las fuerzas armadas se dividieron sus roles en el asalto al poder del Estado.

A la Aeronáutica le tocó el Ministerio de Justicia. Y con la complicidad de la Asociación del Colegio de Abogados se produjo otra increíble violación a la Constitución Nacional.

Reemplazaron la Corte Suprema, por decisión de tres personajes que el 24 de marzo de 1976 se transformaron en el poder omnívoro de la Nacion. Videla, Agosti y Massera, con el silencio y la complicidad de muchos, hizo que todos los jueces juraran por el Estatuto de la Revolución, antes que por la Constitución Nacional.

Cuando llegó el turno de Alfonsín, donde existía la gran posibilidad de poner en comisión a todos los jueces, un pacto entre radicales y peronistas hizo que el justicialismo se quedara con los jueces laborales, los radicales con los penales y comerciales.

La nueva etapa de la democracia arrancó fraudulenta. El problema no es una reforma judicial con los mismos que históricamente practicaron los vicios en dictadura y democracia.

Un ejemplo simple, pero de fallo reciente, pinta lo calamitoso del nivel de los magistrados.

Aníbal Alejandro Segura es juez nacional de primera instancia del trabajo en la Sala 41. Le tocó fallar en un juicio que dos vendedores ambulantes que se desempeñaron en el estadio Presidente Perón de Racing, Ramón Cardoso y Domingo Vallejos le iniciaran a la concesionaria Magary SA de venta de choripanes en el Estado.

El juez falló a favor de los trabajadores, que pedían una indemnización de $400.000 pesos cada uno, por haberse quedado sin trabajo. Y consideró responsable a la sociedad civil sin fines de lucro, también como empleadora, debiendo resarcir Racing a cada trabajador con 71.331.81 pesos.

Tanto el club como los trabajadores impugnaron la decisión del juez. Pero más allá del tema judicial este personaje uso un léxico insólito en el argumento de su fallo, tratando a la entidad castigada, como Ra Sin Club.

Pero como los vendedores también habían trabajado cuando Independiente jugó de local en el estadio vecino, lo nombró como Indisingente.

Para luego hablar de River Plate, mencionándolo como RiBer por su pérdida de categoría, y metió también en el tema a Huracán, tratándolo de “vástago de San Lorenzo”.

También nombró al equipo del presidente, Argentinos Juniors, y a Boca Juniors.

Lo que podría ser pintoresco o payasesco, tiene gravedad fraudulenta, porque este juez, además de juez del trabajo, es integrante de la Comisión Fiscalizadora del Club San Lorenzo de Almagro, representando a la agrupación Volver a San Lorenzo, que integra junto con los socios Sergio Nicolas Fraiman, Candela Rivavella, Mariano Konchratian, Victor Javier Trigo, Agustin Manganiello y Norberto Claudio Kirovsky.

Ningún dirigente de San Lorenzo pidió disculpas por la payasada de este juez que usó 28 páginas que paga el Estado argentino para que ejercitara en un fallo laboral, una burla a entidades que compiten con el club del que es dirigente.

Y quizás se olvide que de todos los grandes San Lorenzo fue el primero que descendió.

Este payasesco juez lo ponemos simplemente de ejemplo para que nos demos cuenta que no alcanza una reforma judicial, mientras los argentinos sigamos teniendo uno de los pilares de la democracia, que es la Justicia, con jueces y camaristas que no respetan al otro poder, que es el Senado, con políticos que los amparan porque los usan y que hemos transformado entre todos a la Argentina en el paraíso delictual sin sanción alguna.

El ejemplo de la democracia fraudulenta es la ley madre, la Constitución, violada en 1955 hasta nuestros días.

Hay cientos de capítulos como este, que podemos contar a diario. De nosotros depende cómo queremos vivir.

La seguimos el lunes a las 6, por AM 650 Radio Belgrano.

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