Interior del país
Mano dura

Se armó bardo en Jujuy: Morales mandó a multar y arrestar al personal de salud que falte al trabajo

El gobernador Gerardo Morales ejerce presión sobre el sector más expuesto a la pandemia. (Dibujo: NOVA).

Instituciones y sindicatos que agrupan a médicos, enfermeros y psicólogos de Jujuy y otras provincias rechazaron un decreto firmado por el gobernador Gerardo Morales que dispone la aplicación de elevadas "multas" al personal sanitario que incumpla con disposiciones del Gobierno local en el marco de la pandemia del coronavirus.

La resolución del Ejecutivo provincial indica: "Al personal sector público y privado afectado al sistema de salud de la provincia cualquiera sea la situación que cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos, que deriven en la falta de concurrencia efectiva de servicios conforme a la necesidad y/o urgencia, se le impondrá una multa de 40.000 a 1.000.000 pesos, más accesorias de arrestos e inhabilitación".

El documento firmado por el gobernador Morales agrega que "el cobro de estas sumas se efectuará a través del procedimiento y tramite de apremio previsto en la Ley N° 2501".

El Colegio de Psicólogos de la provincia expresó su "rotundo rechazo" al decreto que "establece arbitrariamente multas de hasta un millón de pesos y penas de arresto a los equipos de salud que se desempeñan en el ámbito público y privado".

La medida "pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia", manifestaron y exigieron la anulación de la disposición por considerarla "inconstitucional, ya que va en contra de toda norma legal y atenta contra los derechos de cualquier ciudadano", agregó.

La Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (Apuap) enfatizó que "es una muestra más del desprecio, el autoritarismo y la indolencia del Gobierno provincial hacia quienes están en la primera línea contra la pandemia cuidando la salud de la población".

El Colegio Médico de la provincia se pronunció en "defensa" de los médicos que "ejercen su profesión en la órbita privada" y reflexionaron "los términos del decreto implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo", completaron.

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