Es de resaltar lo dicho por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el cual dijo que el caso de los jueces removidos por el poder político “reviste una gravedad de una magnitud que se encuentra comprometida institución básica del sistema republicano”, cual es, la independencia del Poder Judicial que el artículo 110 de la Constitución Nacional busca asegurar, no solo a favor de los magistrados sino, fundamentalmente, en beneficio de la totalidad de los habitantes de la Nación.

La aceptación de este recurso se basa en la gravedad que existe y que excede al mero interés de las partes ya que más allá del interés de los dos jueces removidos, el máximo tribunal definirá cual es el alcance de los traslados de los jueces federales, esto es de suma importancia para todo el sistema judicial.

Con un voto unánime el máximo tribunal da esperanza de que el sistema democrático de gobierno funciona ya que la presión pública realizada por el Poder Ejecutivo fue notorio generando así una incertidumbre al pueblo argentino, quien salió a las calles y a través de las redes, pidiendo el cumplimiento de la constitución y rechazando la impunidad.

Cabe destacar que en este caso la Corte le impuso un trámite exprés con la suspensión de los plazos habituales para tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de los traslados de los Jueces que llevan las causas de la vicepresidente y de la corrupción K.

Los pasos siguientes son que en 48 horas el Consejo de la Magistratura fije su postura y que en el mismo plazo el procurador General de la Nación, Edurado Casal, presente su opinión. Recién presentados todos los argumentos de las partes intervinientes, es decir, los camaristas solicitantes, los del Estado y los fiscales, el máximo tribunal decidirá sobre el fondo de la cuestión planteada.

De esta forma y ante un panorama de remoción por el Senado en el que el oficialismo maneja la mayoría y junto con el decreto presentado por el Ejecutivo para retrotraer a los camaristas a los cargos que ocupaban en el año 2017 y 2018 fue evidente la pulseada política y el interés del gobierno de sacar a jueces que podrían decidir de forma independiente en los casos de la corrupción política.

Este martes, con esta noticia crece la esperanza de que el sistema aún esté funcionando, que el control del Poder Judicial y su independencia no está manipulada hasta el extremo de peligrar la democracia misma de Argentina.

Resta esperar el desenlace de tan importante resolución ya que no solo afectará el destino de los camaristas intervinientes sino que sientan la base de lo que vendrá, el destino de todos los argentinos y el sometimiento o no a un nuevo orden de gobierno, peligrando así la misma República.