Los involucrados en las maniobras serían empleados de esta Subsecretaría, específicamente se menciona a la directora de Seguridad Alimentaria Florencia González que, junto a personal residual de antiguas gestiones, se la habría visto interceptando camiones con carga perecedera que con el pretexto de verificar la documentación de transporte de alimentos, solicitaría exacciones ilegales al respecto.

La gravedad de la situación radica, en las reiteraciones de los hechos, hasta toparse con uno de los propietarios de una importante granja de la zona oeste, que le supiera disputar poder al intendente Gustavo Menéndez de Merlo. El señor, al ver en persona que le habían desechado una importante cantidad de mercadería, los habría intimado con llevarlos a la justicia.

La incógnita hasta ahora permanece abierta. Esta gente, ingresada de la mano de Franco, tal el caso de su ex mujer (cornuda) Valeria Ferreyra, hoy delegada de las localidades de La Reja y Francisco Álvarez; la misma Florencia González; la concejal Josefina Díaz Ciarlo, y otros quince integrantes más escindidos de la agrupación Libres Del Sur; ¿la hacen para ellos o para arriba?

Lo cierto es que con la recaudación en los niveles históricos más bajos (entre el 7 y 10 por ciento), a la intendente Fernández no le ha quedado otra que echar mano a las cajas de manotazos rápidos que tienen todos los municipios. Específicamente a Tránsito y Comercio.

Bajo la órbita del primero, se encuentran tanto las confecciones de las licencias de conducir (Moreno ha quedo varias veces en el ojo de la tormenta por la venta ilegal de registros) y el Tribunal de Faltas, en donde se oblan las multas que efectúa el personal de la repartición, que continúo trabajando activamente durante la cuarentena, a pesar que la mayoría del personal contrajo el virus.

Con respecto al juez de Faltas, Martín Roberto Barcala Vadillo, que permanece atornillado a su sillón desde tiempos inmemoriales, resultó manchado con una denuncia penal en marzo del 2019, efectuada por un ciudadano chino propietario de un supermercado por el cobro de coimas a cambio de la habilitación correspondiente.

No era la primera vez que Barcala resultara mencionado en una actitud como la descripta. Pareciera ser que al revisor de cuentas del Colegio de Abogados Moreno/Mercedes y vocal de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, no le fue tan complicado atravesar las cuatro gestiones peronistas que se han sucedido en Moreno.

Comercio, subsecretarías y direcciones son la frutilla de la torta de la recaudación. Y justamente son los Departamentos de Inspecciones, Habilitaciones y Bromatología, ligados necesariamente al Tribunal de Faltas.

Y sería precisamente en Bromatología en donde se estarían dando las irregularidades, que habría quedado a cargo de la mencionada González, quien es la que estaría tomando decisiones inconsultas con sus superiores, como ejemplo, la orden de desinfección de escuelas, cuestión que no pertenece a su ámbito.

El grupete no estaría siendo visto con buenos ojos por el resto de la gestión, que los considera sapos de otro pozo y la incógnita está dada sobre si Mariel Fernández los terminará cortando de cuajo, ante la evidencia de los hechos, cuando suenan fuertemente los rumores que tienen los días contados dentro del municipio.