Editorial
Calles tomadas

El deber relegado del Gobierno: "desnaturalizar" las muertes por inseguridad

Los ciudadanos, cada vez más indefensos ante los delincuentes. (Dibujos: NOVA).

Día a día, el Gobierno brinda una nueva señal de alarma sobre el crecimiento de los contagios de Covid-19, acompañada de mensajes dirigidos a la “concientización”, repetidos hasta el cansancio: mantener la correspondiente distancia, usar tapabocas, tratar de seguir encerrados, no reunirse, etcétera. Incluso pone su energía en recomendar acercamientos sexuales únicamente por la vía virtual, e insta a la población a no reír, cantar ni gritar para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, si te quedaba una pizca de alegría después de 160 días de confinamiento, debacle socioeconómica y crisis, hay que reprimirla.

A pesar de que el presidente se ocupa de recalcar la excelente performance de su gestión en materia sanitaria para “salvar” a una población que está seriamente afectada por el impacto de la cuarentena más extensa del mundo, paradójicamente el coronavirus sigue ocupando el primer lugar de la agenda nacional junto con la polémica Reforma Judicial, que este jueves desató un escándalo en el Senado luego de que varios legisladores pusieran la voz en alto por la aplicación de modificaciones en el texto por parte del oficialismo mientras lo estaban votando.

Esta cuestionable “Lista de prioridades” que estableció un Gobierno que prometió y promete cuidar a la población, desde que asumió estuvo haciendo caso omiso a los escalofriantes hechos de inseguridad que registran en todo el país, y de modo alarmante en el conurbano bonaerense y Gran Rosario.

Pasando en limpio, insiste en “no naturalizar” el coronavirus, pero jamás habló de dejar de naturalizar los homicidios que ocurren a mansalva. Un mal que aqueja a los argentinos cada vez con más frecuencia. Padres, madres, trabajadores, adolescentes son ejecutados en intentos de robo en manos de los delincuentes que, con total impunidad, siguen haciéndose un festín en las calles, muchos de ellos liberados del encierro carcelario con la excusa de la “emergencia sanitaria”. La misma causa por la cual consideran que las víctimas de esos hechos deben seguir confiscados en sus casas. Sin embargo, quienes tienen el deber de garantizar el derecho a la vida, vienen mirando para otro lado.

Este mes, acorralado por las cifras que día a día salen a la luz, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce de quienes afirman que los hechos delictivos crecieron a causa de la pandemia, al asegurar que "vincular la inseguridad a cuestiones socioeconómicas tiene un sesgo medio ideológico”, y agregó que el "delincuente no es delincuente porque es pobre; el delincuente es delincuente porque es delincuente". Y tuvo que reconocer que "claramente hay un aumento de casos" de inseguridad.

En un clima social cada día más adverso a las medidas del Gobierno, Alberto Fernández “casualmente” se acordó de esta problemática, y anunció que presentará un plan de seguridad para el Gran Buenos Aires: “No queremos hacernos los distraídos", dijo, haciendo honor a la frase “no aclares que oscurece”, y haciéndose cargo de que el foco se les viene corriendo de lugar desde hace un tiempo, aunque culpando a la población por sus reclamos. “Vamos a dar batalla contra la inseguridad, si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivos, más seguridad", señaló.

Pero con esos dichos, queda en evidencia que al presidente, el tiro sigue saliendo por la culata: los gobernantes no fueron elegidos solo para “responder a las demandas” del pueblo. El deber que asumieron al ocupar sus cargos también es la prevención, anticiparse y brindar las condiciones para que no ocurran estos “fusilamientos” cotidianos, comenzar a poner los recursos y los fondos donde realmente tienen que ir: dejar de engordar planes sociales, crear fuentes de trabajo y fortalecer las fuerzas de seguridad. Porque una muerte en manos de un ladrón no vale menos que una muerte por Covid-19.

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