El columnista invitado
Ecos del debate

La reforma judicial

Osvaldo Dameno, dirigente justicialista. (Foto: NOVA)

Por Osvaldo Dameno (*), especial para NOVA

Luego de distintas versiones, trascendidos y comentarios parece ahora que el Poder Ejecutivo Nacional se apresta a iniciar el proceso de reforma judicial. El Presidente eligió a Gustavo Béliz para pensar y diagramar un proyecto ejemplar que instaure una justicia para muchos años con garantía de eficiencia, imparcialidad y transparencia. Sin duda una muy buena idea, aunque parece que cambiará de ejecutores.

En efecto, surge con fuerza una Comisión de Notables liderada por Eugenio Zaffaroni, Carlos Beraldi y León Arslanian que tendrían un rol preponderante. Nadie duda de la idoneidad de los mencionados, pero es apreciable que su presencia inclina la balanza.

Un tema concreto que se ha agitado para justificar recientes libertades, sobre todo de detenidos por causas de corrupción, es el exceso del tiempo transcurrido en prisión preventiva de los acusados. Es verdad. Por ejemplo, Lázaro Báez lleva años en preventiva investigado por el destino de sesenta millones de dólares y un patrimonio de doscientos millones de la misma moneda. El episodio de La Rosadita del conteo de dólares también.

Por derecho, la prisión preventiva no puede durar sine die. La sociedad en su mayoría se opone a estas libertades. Se ha llegado a esta situación en virtud de un hecho notable. En nuestro país son tantas las instancias judiciales que pareciera que jamás tendremos una sentencia definitiva. Por eso la gente percibe que la única posibilidad de lograr un cierto grado de justicia ante sucesos que considera evidentes, es justamente con el instituto de la prisión preventiva. Es enorme la disociación entre la ley formal y lo que la población percibe como justo.

Se sabe que en la Corte hay malestar por el posible aumento del número de miembros, porque no han sido consultados, siendo la cabeza del poder del Estado directamente involucrado y porque dicho aumento no garantiza un mejor funcionamiento ni celeridad. Además, el Presidente al asumir manifestó su acuerdo por la composición del Alto Tribunal. Cambió su opinión seguro, pero hasta ahora no hizo comentarios al respecto.

Esta circunstancia favorece la aparición de distintas interpretaciones. Una de ellas es que la Corte suele administrar políticamente el tiempo. Y el tiempo es poder. Quienes están implicados en causas en trámite saben que deben acelerarlos para aprovechar tiempos favorables. Otra versión expresa que, siendo que eventualmente la Corte dará la última palabra sobre casos importantes, conviene aumentar el número de miembros ante la duda por la composición actual. Recordemos que la actual vicepresidenta fue la que llevó a la Corte al número de cinco.

Otro tema es el Consejo de la Magistratura. Es verdad que no ha cumplido fehacientemente con las expectativas de su creación por idea del presidente Raúl Alfonsín. No investiga a los jueces, no despolitizó la situación, tiene problemas con la duración de los concursos para cubrir vacantes, que se prolongan años, con la consiguiente desnaturalización del proceso y la sensación de que los que ganan dejaron jirones de dignidad en todo ese tiempo. No obstante, es un bastión republicano que debemos defender.

Directamente vinculado al anterior está la cuestión de los jueces subrogantes que genera una justicia más débil por provisoriedad, lo que provoca el humano pensamiento de los magistrados sobre "qué me conviene hacer". Hay presión para anular algunos traslados de magistrados que han tomado causas calientes, asunto que tropieza con el hecho de que han sido dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo, por lo que el Consejo carece de facultades.

Las presiones políticas siguen como siempre hacia los jueces. Los protagonistas son el gobierno, los medios, otros jueces, las instituciones, etc. Comodoro Py es emblemático en este aspecto. A veces funcionan para acelerar decisiones de jubilaciones abriendo vacantes.

Otra movida oficial en ciernes es contra el procurador Eduardo Casal. Abre la posibilidad de reemplazo por otro, provisional también pero más afín, o de última puede servir para la promoción de Daniel Rafecas, al generar temor ante alternativas menos deseadas. En este caso el funcionamiento del sistema jurídico será determinante.

Finalmente, todos estos temas sobrevuelan la reforma judicial. Las leyes, la realidad, las intenciones ocultas, los fines perseguidos y la política conforman un entorno del que emergerá una reforma necesaria pero siempre llena de dudas y sospechas. Una justicia como traje a medida de un sector o como garantía de equilibrio y madurez de una sociedad incrédula, golpeada, harta, pero que aún conserva encendida una pequeña llama de esperanza.

(*) Dirigente justicialista.

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