Avanza la investigación por el espionaje ilegal a periodistas de Canal 26
El Juzgado Federal 11 de la Capital Federal, que tiene a su cargo una de las investigaciones por el espionaje ilegal a periodistas en el marco de la Cumbre G20 en Argentina, recibió un escrito por parte de Verónica Ressia y su abogado Hugo López Carribero solicitando al juez que se recabe la información tendiente a identificar al personal de Cancillería que se encontraba encargado de recibir los pedidos de acreditación para el evento.
“Resulta muy evidente que la lista de periodistas acreditados fue a parar finalmente a manos de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, sostuvo el letrado.
Existiría un nexo entre la Cancillería y la AFI, de modo tal que desde el Palacio San Martin habría salido la lista de los periodistas. Es por ello que la investigación podría también comprometer al ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie, quien no habría sido ajeno.
— Hugo Lopez Carribero (El Penalista del Conurbano) (@LOPEZCARRIBERO) August 6, 2020
Por disposición del gobierno de Mauricio Macri los permisos de los periodistas debían ser presentados ante las autoridades del Palacio San Martín, y luego de allí se retiraban las respectivas credenciales. Sin embargo, la información pasó sorpresivamente al edificio de la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada, donde tiene su sede la AFI, ex SIDE.
De esta manera, no se descarta la imputación de personal jerárquico de la Cancillería macrista, así como tampoco de su propio ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, “toda vez que podría ser considerado partícipe necesario del espionaje prohibido”.
En el expediente fue agregada la información que la actual AFI suministró a la Justicia para el desarrollo de la investigación y, en este marco, el juez dispuso la prohibición de su reproducción, duplicación y/o divulgación, ya sea a través de medios técnicos y/o humanos.
Es por ello que se establece que las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.
“El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad”, remarcó López Carribero.
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